La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, ha convocado una protesta para el próximo 30 de octubre para exigir al Gobierno central la negociación de los salarios públicos: debe 86,8 millones de euros a las empleadas y empleados públicos de la región por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025.
Esta concentración, en la que también tomarán parte los sindicatos de clase y que se desarrollará en todas las subdelegaciones del Gobierno a partir de las 12 horas, tiene como objetivo forzar al Gobierno a abrir de manera urgente la negociación para aplicar una subida salarial en este 2025 y alcanzar un acuerdo plurianual.
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, subraya que los 140.000 empleados públicos de la región están a la espera de saber qué va a pasar con sus salarios: “Este Gobierno está despreciando la negociación y ninguneando a los trabajadores públicos, se les está relegando a un segundo plano cuando a diario realizan un trabajo fundamental. Nos acordamos de ellos en las catástrofes como la pandemia o la DANA, pero están siempre ahí con un trabajo anónimo que no se les está reconociendo”.
En 2010, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, bajó un 5% el salario de los empleados públicos, y en Castilla-La Mancha en el 2012, la entonces presidenta, María Dolores de Cospedal, lo bajó otro 3%. La pérdida de masa salarial supera el 20% desde 2010, a lo que hay que sumar la complicada situación sufrida en Castilla-La Mancha con una inflación enorme: durante 2021 y 2022 la región registró el IPC más alto de toda España (durante muchos meses de 2022 se superaron los dos dígitos, con el registro récord de una inflación del 13,2% en julio de 2022).
“Se nos está utilizando como rehenes de los vaivenes políticos. Reclamamos una subida salarial digna dentro de un plan plurianual y que se fije además una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB y al IPC. Hay que afrontar un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado. Por justicia y dignidad hacia nuestros trabajadores públicos”, concluye Domínguez.
Las movilizaciones continuarán con una gran concentración en noviembre y, si no se abre la negociación, con una jornada de huelga a nivel nacional en diciembre.
