El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este martes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026, que asciende a 12.903 millones de euros, un 1,5 % más respecto a 2025, hasta sumar 187,2 millones más que en el ejercicio anterior, «con el objetivo de consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario renunciando a la compra de más deuda y reducir la presión fiscal a los sectores más desfavorecidos».
En comparecencia de prensa, Ruiz Molina ha explicado que el presupuesto no financiero, una vez descontados los fondos MRR de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, asciende a 10.777.000 euros, 720,9 millones más que el año pasado, lo que supone un incremento del 7,2 %. Las cuentas han iniciado ya el trámite parlamentario tras su registro en las Cortes de Castilla-La Mancha con la aspiración de que entren en vigor el 1 de enero de 2026 y comparten los objetivos del «fortalecimiento de la cohesión social, la incentivación del crecimiento económico, el impulso de la sostenibilidad y competitividad de las empresas y el avance en la ducha en la lucha contra la despoblación».
Ruiz Molina también se ha referido a la consistencia de unas cuentas públicas que vienen avaladas por la «normalidad y estabilidad política e institucional» en Castilla-La Mancha, en contraste con la «incertidumbre nacional», en un contexto en el que aún no se ha concretado Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit.
En todo caso, ha recalcado, las previsiones de estas cuentas vienen avaladas por los últimos datos como la calificación crediticia de Castilla-La Mancha realizada por Moody’s y Fish, la valoración del Banco de España como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido su deuda con respecto al PIB; y las cifras del INE, que colocan a la región como la tercera que más ha crecido desde la pandemia, con la menor tasa de paro desde el año 2008. «En suma, un conjunto de datos que consolida el índice de confianza empresarial que lidera Castilla-La Mancha», ha subrayado el titular de Hacienda.
MÁS GASTO SOCIAL
Desgranando con más detalle los presupuestos, y en referencia al área vinculada al gasto social, el proyecto contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.054 millones desde 2015, mientras que el gasto en desarrollo económico asciende a 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde 2015.
El consejero ha destacado así que las cuentas de 2026 «permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas», toda vez que los apartados destinados a sanidad, educación y servicios sociales suponen el 72 % del presupuesto, de los cuales el 38,9 % corresponde a Sanidad, el 23,4 % a educación, cultura y deportes y el 9,7 % a servicios sociales.
Sanidad contará con un presupuesto de 4.058 millones de euros, un 7,5 % más, con las aspiración de ampliar las plantillas, impulsar el plan de infraestructuras sanitarias en proyectos vinculados al nuevo hospital de Puertollano o las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara, potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria, impulsar la red de atención en salud mental y apostar por la prevención, incrementando el calendario de vacunas y el cribado neonatal.
Para educación se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3 % más, «con el objetivo de bajar las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar, abrir nuevos centros y enseñanzas, e impulsar la FP y la inclusión educativa».
En lo que atañe a los servicios sociales, se han presupuestado 1.010 millones de euros, un 7,7 % más, «para incrementar la red de recursos asistenciales, potenciar la atención a la dependencia, consolidar el plan de autonomía digital, ampliar el número de servicios de atención temprana, o incrementar las plazas de termalismo y turismo social».
MÁS RIQUEZA Y EMPLEO
Ruiz Molina también ha destacado la importancia que se ha dado al área para la generación de riqueza y empleo, para la cual se han reservado 3.232 millones, con el fin de fomentar la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, impulsar el empleo, apoyar el sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y promover un parque inmobiliario asequible para los jóvenes.
En este sentido cobran especial protagonismo las «políticas transversales» contra la despoblación, para las que se han reservado 2.116 millones de euros, de los cuales la mayor parte se los llevan los servicios públicos y el ámbito económico, gracias a una inversión que se ha incrementado un 23,5 % desde el año 2023, lo que supone 402 millones más, ha puntualizado el consejero.
Respecto a los gastos por capítulos, descontados los fondos de la UE, Ruiz Molina ha destacado que el 42,8 % están reservados a gastos de personal, que ascenderán a 4.464,5 millones de euros, mientras que las operaciones de capital, que ascienden a 1.560 millones, permitirán «un mayor volumen de inversión en infraestructuras y sectores productivos, ya que se ha incrementado el esfuerzo en 950 millones más desde 2015, 2,5 veces más».
SIN MÁS DEUDA
En alusión al gasto por secciones, el consejero ha destacado el incremento de las partidas destinadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Consejería de Economía y Empresas y a la Consejería de Fomento, mientras que el total de ingresos no financieros está previsto que ascienda a 11.494 millones de euros, incluido un 68 % proveniente del sistema de financiación autonómica, con una reducción del 31 % de pasivos financieros, ya que no está previsto acudir a más préstamos, al margen de la refinanciación de la deuda pública existente.
Por otra parte, ha destacado el esfuerzo en deducciones que permitan un ahorro fiscal de 390 millones de euros para los sectores de la población más desfavorecidos. Así, ha destacado que las desgravaciones y el ahorro fiscal supondrán un total de 84 millones de euros en facilidades de acceso a la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad. «Desde 2015 se han invertido 211 millones más, lo que supone un incremento del 118,5 %», ha destacado el consejero.
Ruiz Molina ha confesado sentirse «especialmente orgulloso» de unas cuentas para las que espera contar también con las «aportaciones» de Partido Popular y Vox, ha concluido.
