Cada 15 de octubre, la voz de las mujeres rurales reclama su sonoridad para que puedan ser escuchadas sus reivindicaciones, al menos en esta efeméride proclamada por Naciones Unidas, y que no quede en un mero gesto simbólico.
En un contexto global de emergencia climática que exige afrontar de manera decidida la ineludible transición ecológica, hay que fomentar el liderazgo de quienes siembran futuro mientras protegen la tierra. Las mujeres rurales custodian la biodiversidad, transmiten cultura e identidad, impulsan la innovación agroalimentaria y sostienen la vida cotidiana en territorios donde la despoblación amenaza con borrar el mapa humano en cada rincón de España.
Pero su realidad sigue atravesada por una doble desigualdad: vivir en zonas donde se generan menos oportunidades y ser mujeres. Esa es una injusticia estructural que no puede seguir normalizándose. A pesar de los avances, las mujeres rurales siguen enfrentando barreras para acceder a la propiedad de la tierra, a la financiación, a la tecnología; las mujeres seguimos reclamando ‘una habitación propia’ como escribió Virginia Woolf ya por el año 1929. Y, para ello, evidentemente, es imprescindible que el conjunto de la sociedad, que los hombres (nuestros compañeros), sean corresponsables en los cuidados.
Frente a esta situación, el socialismo ha hecho de la igualdad rural un compromiso político y ético. En los últimos años, el Gobierno de España ha impulsado políticas públicas que ponen a las mujeres rurales en el centro de la transformación territorial. Incorporar la perspectiva de género en la Política Agraria Común (PAC), fomentar la titularidad compartida en explotaciones agrarias o reforzar los Premios de Excelencia a la Innovación son pasos concretos que buscan cambiar no solo las normas establecidas, sino también las mentalidades.
Tampoco se puede hablar de igualdad sin reconocer las violencias específicas que sufren las mujeres en el medio rural. Por eso, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género las aborda de manera especial, con el fin de ofrecer protección adaptada a sus realidades, reforzando la prevención y la coordinación institucional.
En el medio rural, el emprendimiento femenino sigue enfrentando grandes desafíos, especialmente en sectores vinculados a la economía verde. Según el informe ‘Emprendimiento verde de las mujeres y emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural’ (2023), solo seis de cada cien personas que emprenden en la economía verde rural en España son mujeres. Sin embargo, el dato revela una paradoja esperanzadora: el 63% de las emprendedoras priorizan la sostenibilidad y la reducción del impacto medioambiental de sus negocios. Situando el bienestar del entorno por encima del beneficio económico inmediato.
Como dijo Wangari Maathai: “Las mujeres somos las que más dependemos de los recursos naturales, y también quienes más sufrimos su destrucción. Por eso somos las primeras en protegerlos.”
De hecho, el papel activo de las mujeres rurales en el emprendimiento sostenible es clave, porque ellas son agentes de cambio, quienes mejor entienden el equilibrio entre producción, sostenibilidad y vida.
Las mujeres rurales no solo buscan generar empleo, sino también impulsar un modelo de desarrollo más justo, responsable y sostenible. Aun así, persisten brechas estructurales: según el informe ‘Mujeres en Cifras’, solo el 27% de las personas emprendedoras en el ámbito rural no agrícola son mujeres. Además, ellas suelen iniciar sus proyectos con menos capital que los hombres y tienen menor representación en empresas con personal asalariado, a pesar de demostrar una mayor conciencia ecológica y social.
Para revertir estas desigualdades, iniciativas como el Programa Desafío Mujer Rural, impulsado por el Instituto de las Mujeres, se han consolidado como herramientas clave de apoyo al emprendimiento femenino. Este programa busca facilitar la inserción laboral a través del autoempleo y el desarrollo de proyectos empresariales, ofreciendo formación, asesoramiento y acompañamiento a mujeres de todo el territorio.
Su impacto es tangible: solo en 2025 se han asesorado cerca de 700 proyectos y se han incorporado más de 300 emprendedoras. Gracias a este impulso, muchas mujeres rurales están logrando, además de consolidar sus negocios, crear redes de apoyo y cooperación que fortalecen el tejido económico y social de sus comunidades.
Estas cifras y las propias experiencias confirman una realidad: cuando las mujeres rurales emprenden, lo hacen para transformar su entorno, para generar valor compartido y, al hacerlo, demuestran que otra forma de producir, vivir y cuidar el territorio es viable.
No hay progreso posible si la mitad del talento y del esfuerzo que sostiene nuestros pueblos sigue infrarrepresentado o invisibilizado. Las mujeres rurales no son un colectivo al que “dar voz”, ya la tienen. Lo que necesitamos como sociedad es dejar de oírlas y comenzar a escucharlas, reconocer su liderazgo y garantizar que sus proyectos encuentren apoyo y continuidad.
La lucha de las mujeres rurales por la igualdad y el reconocimiento no es solo una cuestión de derechos individuales, sino de justicia colectiva. Hoy, 15 de octubre, es un buen momento para asumir una responsabilidad compartida: reconocer su voz, su trabajo y su liderazgo no es solo democracia, es la condición indispensable para que España avance cohesionada, igualitaria y sostenible. Porque sin ellas (sin su arraigo, su mirada y su fuerza) no hay futuro para nuestros pueblos.
… El futuro del mundo rural, será con sus mujeres o no será.
