Las declaraciones del diputado de Vox, Manuel Mariscal Zabala, advirtiendo que Marc Giró será “despedido fulminantemente” en cuanto su partido controle RTVE, no son un exabrupto pasajero en redes sociales. Son, en realidad, la expresión nítida de un proyecto autoritario que concibe los medios de comunicación públicos como botín de guerra y no como espacios de pluralidad democrática. Esta amenaza desnuda la verdadera naturaleza de la extrema derecha española: tras la máscara del patriotismo y la “defensa de la libertad”, late una pulsión censora que no tolera la crítica, la sátira ni el pensamiento disidente.
El episodio tiene su origen en el programa Late Xou, emitido en La 1 el pasado 23 de septiembre. Marc Giró, con su habitual ironía, cuestionó el mito del “varón español” —ese sujeto pretendidamente perseguido por la llamada “ideología de género”— y señaló la contradicción de quienes se dicen víctimas mientras dedican su energía a hostigar inmigrantes, mujeres y minorías. Como colofón, recibió en plató a Òscar Camps, fundador de Open Arms, la organización que ha rescatado a más de 70.000 personas en el Mediterráneo frente a la indiferencia criminal de los Estados europeos.
La escena no podía ser más elocuente: mientras Vox clamaba por hundir barcos de salvamento, la televisión pública ofrecía un altavoz a quienes reivindican la obligación ética y legal de salvar vidas en el mar. No sorprende, por tanto, que la reacción del partido de Santiago Abascal fuese inmediata. El discurso de Camps, respaldado por la ironía de Giró, no solo cuestiona políticas concretas: pone en evidencia la lógica profunda de la ultraderecha, basada en la deshumanización del migrante y la exaltación de una masculinidad reaccionaria. De ahí que la respuesta de Mariscal Zabala no se limitara a la crítica, sino que se tradujera en una amenaza de despido. Porque para Vox la discrepancia no se combate con argumentos, sino con sanciones y purgas.
No se trata de un hecho aislado. Vox lleva tiempo hostigando a periodistas, humoristas y presentadores de RTVE. Jesús Cintora, Javier Ruiz o el equipo de Malas lenguas han sido señalados como “activistas” al servicio del Gobierno. Se les acusa de parcialidad, cuando en realidad lo que incomoda es que ejercen la crítica frente al poder, que exponen contradicciones o que simplemente no se alinean con el catecismo ultraderechista. A estos ataques se suma la hostilidad constante del Partido Popular, que también cuestiona la labor de la radiotelevisión pública cuando sus contenidos no se ajustan a su relato.
Detrás de estas ofensivas subyace un proyecto claro: debilitar la autonomía de RTVE hasta reconvertirla en una maquinaria propagandística dócil. Esta tentación no es exclusiva de la derecha española: basta mirar a Polonia o Hungría, donde los medios públicos han sido colonizados hasta convertirse en meros portavoces de los gobiernos ultraconservadores. Lo que Vox enuncia abiertamente es la voluntad de repetir ese modelo, de reducir el espacio común de la televisión pública a un altavoz de consignas reaccionarias.
Desde una perspectiva marxista, lo que está en juego trasciende la anécdota televisiva. El enfrentamiento gira en torno a la hegemonía cultural. Los medios de comunicación son uno de los principales aparatos ideológicos del Estado, y la televisión pública es, todavía hoy, un espacio privilegiado para la formación de conciencia colectiva. Por eso la derecha extrema no se conforma con disputar elecciones: aspira a imponer su cosmovisión sobre género, inmigración y nación, moldeando así la subjetividad social. Antonio Gramsci explicó que la dominación de una clase no se sostiene solo en la coerción, sino también en el consentimiento. Ese consentimiento se construye mediante la cultura, los discursos, la escuela y, en nuestro tiempo, los medios de comunicación. Cuando un humorista como Giró ridiculiza al “varón español” o cuando un activista como Camps denuncia la barbarie del Mediterráneo, se resquebraja el consenso reaccionario que Vox intenta fabricar. Y por eso la reacción es tan violenta: porque se desafía el monopolio simbólico que buscan construir.
La izquierda no debería subestimar estas disputas culturales. Cada monólogo, cada programa, cada tertulia en la televisión pública es también un campo de batalla ideológica. Defender el pluralismo en RTVE no es un capricho corporativo de periodistas y presentadores: es parte de la lucha por impedir que la extrema derecha consolide su hegemonía cultural y prepare el terreno para políticas aún más reaccionarias.
Uno de los recursos más recurrentes de Vox es apelar al salario de los presentadores para desacreditar su trabajo. Mariscal Zabala se apresuró a recordar que Marc Giró “cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas”. Lo que se busca con estas afirmaciones es activar el resentimiento contra la televisión pública, presentada como un pozo sin fondo que dilapida recursos en profesionales “progresistas”. Pero lo cierto, es que esas cifras son modestas si se comparan con los sueldos de presentadores en cadenas privadas, que se pagan con publicidad y generan igualmente grandes beneficios para empresas privadas. La diferencia está en que RTVE no responde a ningún interés empresarial, sino que debe garantizar un servicio público.
Y un servicio público de calidad exige invertir en contenidos, en profesionales y en espacios de pluralidad. El argumento económico es, en realidad, una coartada para legitimar la censura.
El humor ha sido históricamente un terreno incómodo para los autoritarismos. La risa socava la solemnidad del poder, ridiculiza sus dogmas, desarma sus miedos. Las dictaduras han perseguido con saña a humoristas, caricaturistas y satíricos.
En España, durante el franquismo, el humor político estaba vetado, y la censura se aplicaba con un celo feroz sobre cualquier chiste que insinuara crítica. Que hoy Vox arremeta contra un humorista como Giró no es casual. Forma parte de esa genealogía reaccionaria que entiende la risa como amenaza. El problema no es el sueldo de Giró ni el formato de su programa, sino que utilice el espacio público para cuestionar las narrativas del patriarcado y del nacionalismo excluyente. El humor, en manos de quienes lo ponen al servicio de los de abajo, se convierte en arma de desmitificación, en herramienta de conciencia. Y precisamente por eso, resulta insoportable para los guardianes del orden reaccionario.
La aparición de Òscar Camps en Late Xou, permite poner en el centro otra de las cuestiones clave: la política migratoria.
Mientras Open Arms rescata vidas en el mar, Abascal pide hundir sus barcos. La contradicción no puede ser más brutal: quienes se autoproclaman defensores de la “vida” promueven la muerte de miles de personas inocentes en el Mediterráneo. El discurso de Camps, recordando que el rescate es una obligación legal y moral, choca frontalmente con la lógica mercantil y racista de la ultraderecha.
Desde una visión marxista, lo que se juega aquí es la vida de la clase trabajadora internacional: hombres y mujeres que huyen de guerras, hambre o miseria —muchas veces provocadas por el saqueo imperialista— y que buscan sobrevivir en Europa. Vox, al convertirlos en enemigos, alimenta la división dentro de la clase trabajadora y fortalece la dominación capitalista.
La amenaza de Mariscal Zabala a Marc Giró, revela lo que Vox haría si tuviera poder sobre RTVE: censura, despidos, persecución ideológica. Su idea de España es incompatible con una televisión plural, diversa y crítica. Prefieren un ente domesticado, similar al No-Do franquista, donde solo tengan cabida las loas al partido y la exaltación patriótica.
Lo más preocupante es que esta deriva no es hipotética. Vox ya gobierna en varias comunidades autónomas junto al PP, y allí donde ha tenido influencia ha promovido medidas de censura cultural: retirada de obras de teatro, vetos a libros en bibliotecas, intentos de controlar la programación de festivales. RTVE, por su magnitud e importancia simbólica, sería la joya de la corona en ese proyecto de control cultural.
Frente a estas amenazas, la izquierda y las fuerzas democráticas no pueden permanecer en silencio. Defender a Marc Giró no es un gesto personal: es defender la libertad de expresión, la autonomía de RTVE y el derecho de la ciudadanía a recibir información y entretenimiento desde una perspectiva plural.
La pasividad frente a estas ofensivas solo abriría la puerta a una regresión autoritaria que nos recuerda demasiado a tiempos en blanco y negro. Defender la televisión pública debe entenderse, como parte de la lucha más amplia por una sociedad democrática y emancipadora. En un sistema dominado por grandes medios privados que responden a intereses empresariales, RTVE es uno de los pocos espacios donde puede florecer una comunicación al servicio de lo común. Si se deja caer en manos de la ultraderecha, se perderá un instrumento decisivo para la construcción de conciencia crítica.
Lo que está en juego, no es un contrato televisivo ni un programa concreto, sino la propia posibilidad de que exista un espacio público libre de censura. Cuando Vox amenaza a un humorista, amenaza en realidad a toda la ciudadanía. Pretende disciplinar la risa, acallar la crítica y sembrar el miedo.
La respuesta no puede ser tibia. Hay que defender la pluralidad, la sátira, la memoria de quienes lucharon por la libertad frente al franquismo y la censura. Hay que reivindicar la televisión pública como un terreno de disputa, sí, pero de disputa abierta, donde quepan todas las voces, incluidas las que incomodan al poder.
En última instancia, se trata de elegir entre dos modelos de sociedad: uno en los que, la risa y la crítica florezcan como expresión de la libertad, y otro donde el silencio impuesto allane el camino hacia la barbarie. La amenaza de Mariscal Zabala es un aviso, pero también una oportunidad: la oportunidad de movilizarnos para que nunca más la censura y la intolerancia vuelvan a gobernar en nuestro país.
