La propuesta del Partido Popular y de Isabel Díaz Ayuso de consolidar los Centros de Educación Especial como una opción educativa permanente no es un gesto inocente ni neutral. Es una decisión política profundamente ideológica, que busca perpetuar un modelo de exclusión bajo la máscara de la “libertad de elección”. En realidad, se trata de una maniobra para debilitar la educación inclusiva y mantener segregados a niños y niñas con diversidad funcional, negándoles el derecho fundamental a aprender junto a sus compañeros en igualdad de condiciones.
El discurso de Ayuso parte de una falacia: que las familias deben poder “escoger” entre escolarizar a sus hijos en un centro ordinario o en un centro especial. Pero esa supuesta libertad no existe. Cuando la escuela pública no cuenta con los recursos necesarios para atender adecuadamente a los alumnos con discapacidad, las familias se ven empujadas a aceptar la única opción viable, que suele ser el centro segregado. Esta elección forzada no es empoderamiento, sino una imposición disfrazada de libertad.
El modelo que propone el PP no es solo pedagógicamente cuestionable; es socialmente dañino. Los centros segregados perpetúan estereotipos, fomentan la desigualdad y limitan la interacción entre niños con diversidad funcional y el resto de la comunidad educativa. La educación inclusiva, en cambio, se basa en principios pedagógicos claros: adaptaciones curriculares, apoyo individualizado, colaboración entre docentes especializados y generalistas, y metodologías activas que permiten que todos los alumnos aprendan unos de otros. Separar a los niños ignora estos principios, consolidando un sistema, en el que, la diferencia se trata como un problema a aislar, no como una riqueza a integrar.
La segregación educativa, tiene también un efecto devastador en el desarrollo social y emocional de los niños. Numerosos estudios muestran que la inclusión no solo beneficia a los alumnos con diversidad funcional, sino que mejora la empatía, la cooperación y la tolerancia de todos los estudiantes. Aprender a convivir con la diferencia desde la infancia es fundamental para construir sociedades más justas y cohesionadas.
Por el contrario, mantener centros especiales permanentes refuerza la idea de que hay quienes “no pertenecen” al grupo, generando estigmas que persisten a lo largo de la vida.
Desde un punto de vista pedagógico, la propuesta de Ayuso ignora décadas de avances en educación inclusiva. Las metodologías modernas, basadas en la atención a la diversidad, promueven la personalización del aprendizaje mediante apoyos específicos dentro del aula ordinaria. Esto incluye la presencia de docentes de apoyo, auxiliares educativos, especialistas en pedagogía terapéutica, logopedas, intérpretes de lengua de signos y tecnologías adaptadas.
La evidencia científica demuestra que los alumnos con discapacidad progresan más en entornos inclusivos cuando se les proporciona el acompañamiento adecuado, y que sus compañeros también se benefician al desarrollar habilidades sociales y cognitivas superiores.
Políticamente, la propuesta de Ayuso representa un intento deliberado de implementar un modelo una sociedad jerarquizada. Es decir, su modelo educativo favorece la división: colegios privados o concertados para quienes pueden pagar, escuela pública -de mínimos para la mayoría-, y centros especiales como destino para quienes son considerados “diferentes”. Esta segmentación no solo vulnera derechos, sino que reproduce desigualdades de generación en generación, consolidando un sistema en el que, la educación inclusiva, es un lujo y no un derecho.
Además, la propuesta contradice los compromisos internacionales de España. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece la obligación de garantizar la educación inclusiva en todos los niveles. La educación especial como opción permanente es una violación directa de este mandato, y demuestra una falta de respeto hacia los principios de igualdad y no discriminación. Ignorar estas obligaciones internacionales no es neutral; es un acto político que prioriza la ideología sobre los Derechos Humanos.
El argumento del PP de que los Centros de Educación Especial son necesarios para “proteger” a los niños con discapacidad, es profundamente cuestionable. En realidad, protege a la estructura estigmatizante del sistema educativo y refuerza la idea de que la diferencia es un problema, que debe aislarse. Este enfoque no aborda las necesidades reales de los alumnos, ni fomenta su desarrollo integral. La verdadera protección, implica garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones, con apoyos personalizados dentro del aula ordinaria y entornos inclusivos.
La propuesta de Ayuso, también evidencia una visión neoliberal de la educación, donde la igualdad de oportunidades, queda subordinada a la lógica del mercado y de la competencia. La “libertad de elección” que defienden es solo real para quienes pueden costear alternativas privadas; para el resto, la supuesta elección es coercitiva. La verdadera libertad educativa requiere igualdad de condiciones, inversión en recursos públicos y compromiso político con la inclusión.
Desde una perspectiva pedagógica, los Centros de Educación Especial permanentes impiden el desarrollo de competencias clave, que van más allá de lo académico: habilidades sociales, resolución de conflictos, cooperación y respeto a la diversidad. Estas competencias son esenciales para la construcción de ciudadanía democrática y para preparar a los alumnos para un mundo interconectado y diverso. La segregación niega estas oportunidades, generando individuos menos preparados para vivir en sociedad.
Comparando con otros países europeos, queda aún más claro: el retroceso que propone el PP. Finlandia, Noruega y Suecia han implementado sistemas de educación inclusiva con recursos suficientes, mostrando que es posible atender a todo el alumnado en un marco de equidad y calidad.
En estos países, la inclusión se entiende como un derecho fundamental, no como una política opcional o transitoria. Mientras tanto, Madrid corre el riesgo de quedarse atrás, con un modelo arcaico y desigual.
Políticamente, la apuesta por los Centros de Educación Especial permanentes, busca reforzar la idea de que la igualdad educativa es negociable. Es un mensaje claro: la educación no es un derecho universal, sino un privilegio para quienes encajan en ciertos parámetros o pueden pagarlo. Esta estrategia socava la cohesión social y erosiona la confianza en la educación pública como instrumento de justicia e igualdad.
Los Centros de Educación Especial pueden desempeñar un papel útil como recurso temporal o de apoyo puntual, pero nunca deben convertirse en un destino final. La educación inclusiva exige, que cada aula esté equipada y preparada para recibir a todos los alumnos, con adaptaciones pedagógicas y recursos suficientes. Transformar la escuela ordinaria no es un gasto excesivo, sino una inversión en ciudadanía, igualdad y derechos humanos.
Separar no es educar. La exclusión educativa es una decisión política que debilita lo público, refuerza los privilegios y perpetúa desigualdades. Es una política que contradice los compromisos legales internacionales y los principios básicos de justicia social.
Los niños y niñas no son un problema a gestionar ni un grupo a apartar. Son sujetos de derechos que merecen crecer juntos, aprender unos de otros y formar parte de una sociedad que valore la diversidad como riqueza y no como obstáculo. Separarlos no los protege, los margina. No los educa, los limita.
Quienes defienden esta política buscan una sociedad de muros, no de puentes; de privilegios, no de igualdad; de exclusión, no de derechos compartidos. La tarea de quienes creemos en la justicia social es denunciarlo alto y claro. Porque sin inclusión no hay igualdad, y sin igualdad no hay democracia.
La educación inclusiva no es un lujo ni un ideal abstracto. Es una obligación ética y legal; toda la construcción de una ciudadanía consciente, solidaria y democrática depende de ella. Todo retroceso, como el que propone Ayuso, es un paso hacia la desigualdad, hacia una sociedad fragmentada y jerarquizada desde la infancia.
No se trata de debates técnicos ni de opciones pedagógicas neutrales. Se trata de decidir qué sociedad queremos: una en la que todos los niños crezcan juntos y aprendan unos de otros, o una en la que los que son diferentes sean apartados y etiquetados. Segregar no es educar, sino es vulnerar derechos.
