El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha expresado su confianza en que ninguna comunidad impida el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, pero ha avisado de que, en caso de que suceda, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación».
Y ante estos posibles recursos, se ha mostrado también seguro de que «no tendrán ningún recorrido». «Han ido al Tribunal Constitucional, algunas han ido al Supremo, adelantan o avanzan que van a ir, están en su derecho, pero creo que hemos hecho una modificiación legislativa absolutamente justa», ha indicado Torres quien ha expresado su deseo de que «algunos reflexionen al respecto».
En este sentido, ha calificado de «lamentables» las críticas de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, al decreto y le ha reprochado que «ni siquiera haya enviado el certificado de los menores que tenía en su comunidad aútonoma como se requirió desde el Ministerio de Infancia».
Ha advertido, además, al Govern balear de que «es una comunidad que podría llegar a contingencia migratoria al multiplicar por tres su capacidad ordinaria y tener que acogerse al real decreto que su partido no votó, pero que es justo y es de solidaridad obligatoria».
Asimismo, ha garantizado el apoyo económico para la acogida de menores y ha recordado que ya existe una partida económica inicial de 100 millones de euros. «Lo hemos hecho en el año 2022, en el 2023, con las conferencias sectoriales, implementando fondos económicos a las comunidades que cogían a estos menores, así que el problema no es el apoyo económico que está garantizado por parte del Gobierno de España», ha concluido el titular de Política Territorial.
