La Audiencia Provincial de Albacete juzga desde este miércoles a V.A.B.R., profesor del Conservatorio de Almansa acusado de un delito de agresión sexual a una de sus alumnas en el año 2022, delito por el que la Fiscalía pide para el una pena de dos años y medio de cárcel.
Así, el acusado, entre las 19.00 y las 20.00 horas del 28 de octubre de 2022, mientras se encontraba a solas con la menor en el interior del aula del Conservatorio, tras abrazar a la menor, le tocó el pecho sin el consentimiento de la misma y sin que mediara violencia ni intimidación, aprovechando las circunstancias favorables que le proporcionaba el desempeño de su profesión, disculpándose posteriormente y excusándose con la misma, diciéndole que no había podido evitarlo.
El 8 de noviembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 2 de Almansa acordó auto por el que se prohibía al acusado aproximarse a la menor a una distancia no inferior a 300 metros, pudiendo no obstante dar clases en el conservatorio mientras no fuera en el horario en que la víctima asistiera, así como prohibición de comunicarse con ella durante cualquier medio.
Dicha resolución fue revocada en parte por auto de 31 de marzo de 2023 de la Audiencia Provincial de Albacete, en el que se acordó mantener únicamente la prohibición de comunicación con la menor por cualquier medio.
Por todo ello, la Fiscalía considera que procede imponer a V.A.B.R. una pena de dos años y seis meses de prisión, así como cinco años de libertad vigilada, que se ejecutarán con posterioridad a la pena de prisión.
De igual modo, también solicita para el acusado la pena de privación de la patría potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años, la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, durante tres años y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante ocho años.
Finalmente, el Ministerio Fiscal también pide la prohibición de aproximación a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro frecuentado por esta a una distancia inferior a 300 metros y prohibición de comunicación con la misma durante cinco años.
