PSOE y PP han pactado que sea el Tercer Sector quien decida qué personas, del mundo de la discapacidad, han de formar parte del Consejo Social de la Universidad.
Así lo han sustanciado durante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que este martes ha elaborado el Informe sobre el Proyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que han quedado ‘vivas’, para su debate en el pleno, las siete enmiendas que Vox ha presentado al texto, al no haber contado con el apoyo de socialistas ni ‘populares’.
Por contra, dos de las tres mejoras presentadas por el PP, que han sido transadas con el PSOE, se han incorporado al dictamen, mientras la tercera, que aludía a las funciones de la Presidencia del Consejo Social, ha sido retirada.
Respecto a las transadas, una de ellas aboga por que entre la composición del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha haya personas con discapacidad, para «reflejar la pluralidad del entorno social de la región».
«Nos parece que este órgano también tiene que dar respuesta a todo ello. Por lo cual proponemos que en su composición de 21 miembros se garantice la presencia de personas con discapacidad», ha reivindicado la diputada del PP, María José Gil.
Respecto a la otra enmienda transada, recoge la composición de la Comisión Ejecutiva, que hasta ahora no existía, sugiriendo los ‘populares’ que esté integrada por los vocales representantes de los intereses sociales del Consejo Social.
«Nuestras propuestas están abiertas al consenso con la finalidad de mejorar el proyecto presentado y con él enriquecer este órgano de participación, que ayude no solo a captar fondos, sino también a estrechar aún más las relaciones entre la sociedad y nuestros estudiantes», ha reivindicado la parlamentaria del PP.
VOX CUESTIONA EL TIRÓN DE OREJAS DEL CONSEJO CONSULTIVO
Mientras, el representante de Vox, Luis Juan Blázquez, ha criticado que esta norma fuese apercibida por el Consejo Consultivo, «que rechazó prácticamente por completo todo el articulado, y considera que incorpora más burocracia para aquellos interesados que no figuran en la anterior ley y que ustedes quieren incorporar».
Y es que Blázquez, entre sus correcciones al texto, ha dicho echar en falta que este no fije los criterios para captar fondos, ni tampoco los límites, que esté impregnada de «ideología de género» y que tampoco contemple medidas concretas para incrementar el vínculo entre la sociedad y la universidad.
«No quedan fijadas cuestiones tan importantes como incorporar la forma y los límites de funciones incorporadas con la captación de fondos, ni tampoco se prevé ningún mecanismo concreto para controlar que no se incurra en situación de conflicto de intereses. Tenemos un ejemplo muy claro, el de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que como captadora de fondos ha sido imputada por varios delitos», ha asegurado.
De igual modo, por medio de sus siete enmiendas, los de Vox también han propuesto reducir el número de miembros del Consejo Social, apoyar a estudiantes con necesidades especiales y suprimir las retribuciones por ser miembros de dicho, «salvo obviamente las correspondientes compensaciones por asistencia, por dietas o por gastos de locomoción».
PSOE AGRADECE LA VOLUNTAD DE ACUERDO DEL PP
Por su parte, el diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha agradecido las facilidades del PP para transar sus dos enmiendas y que se haya avenido a retirar la tercera, que «no aceptamos única y exclusivamente por un tema de técnica jurídica, porque entendemos que es mucho mejor que se quede tal y como está».
«Me parece muy importante que esta ley salga con el máximo consenso y, por lo tanto, quiero agradecer al Partido Popular de Castilla-La Mancha su predisposición para llegar a un acuerdo», ha dicho Godoy, que también ha mostrado disposición para transar algunas de las siete enmiendas presentadas por Vox, a fin de que «esta ley salga con el máximo consenso».
«A pesar de que no llegamos a un acuerdo para la comisión, estamos en disposición de intentar conseguir ese acuerdo con Vox en el pleno, porque entendemos que, aunque no que mejore la ley como tal, cualquier acuerdo siempre es importante y es bueno. Cuando las leyes salen por unanimidad generan una seguridad jurídica en los ciudadanos que es sumamente importante», ha sostenido.
No obstante, y sobre la petición de los de Abascal de suprimir retribuciones, el parlamentario socialista, tras asegurar que la mayoría de los integrantes «renuncia» a esos cobros, ha reparado en que «ser miembro del Consejo Social supone una responsabilidad muy importante», pues en el caso de que haya problemas de tipo jurídico, «las personas que representan a cada uno de los sectores en el Consejo Social responden con su patrimonio personal».
Tampoco ha comulgado con que la norma, como mantiene Vox, reduzca autonomía universitaria, pues, a su entender, es «absolutamente plena».
LEY
Esta nueva Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha que se está tramitando tiene como objeto actualizar sus competencias para fomentar un órgano más dinámico, que apueste por las relaciones con su entorno, por captar fondos o estrechar aún más las relaciones con los estudiantes, según sostiene el Ejecutivo regional.
Esta norma, que adapta la forma de realizar los nombramientos y a las competencias que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), incrementa también el número de miembros del Consejo Social de la UCLM, que pasará de 19 a 21, sumando dos miembros con perfiles de inclusión y de economía social.
Desde el Gobierno regional también destacan que la ley que regirá el Consejo Social de la UCLM incorpora un enfoque de género, buscando una presencia equilibrada entre hombres y mujeres, y refuerza la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando que el Control Interno de la Universidad informe directamente al Consejo Social.
