La Junta insiste en que el PP C-LM supedita el Estatuto de Autonomía a los intereses del partido a nivel nacional

El vicepresidente primero el Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha lamentado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha «esté supeditando el Estatuto de Autonomía a los intereses electorales de este partido a nivel nacional, después de que se hayan roto las negociaciones entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha días atrás y haya quedado en suspenso la modificación de la Ley marco de la Comunidad Autónoma».

Así lo ha asegurado, minutos antes del inicio del Comité Preparatorio de la Conferencia de Presidentes, donde ha criticado que la enmienda del PP de Castilla-La Mancha sobre la horquilla de diputados esté «supeditado a una decisión de alguien de Génova ajeno a la Comunidad Autónoma» toda vez que ha replicado a Núñez que, para hablar del Estatuto de Autonomía, «hay que tener un poco de autonomía para tomar decisiones»

En concreto, Martínez Guijarro ha dicho no entender el planteamiento del Partido Popular de la región que ahora se manifiesta contrario al acuerdo con la propuesta de horquilla de entre 25 y 55 diputados que se había marcado para el nuevo Estatuto. Un planteamiento, ha dicho, que está acordado «desde la primera reunión» entre los dos grupos parlamentarios, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ha explicado que, en cualquier caso, el planteamiento de número de diputados se ha hecho en el marco de la modificación del Estatuto de Autonomía y no de la Ley Electoral, por lo que esto no implicaría un aumento de diputados en la Cortes de Castilla-La Mancha sin que haya consenso entre los dos grupos parlamentario con más representación.

Finalmente, se ha referido a que la reforma de la Ley Marco castellanomanchega que se ha planteado hasta la fecha está pensada para las dos próximas generaciones, por lo que la enmienda presentada por el PP al texto que está en tramitación parlamentaria y que deja la horquilla entre 25 y 35 representantes políticos en el Parlamento autonómico, supone coartar la capacidad de decisión que tengan las próximas generaciones.