El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava presentó una moción conjunta (PP-Vox) en el último Pleno celebrado instando al gobierno regional a la derogación del nuevo impuesto al agua, el canon medioambiental DMA.
La moción, que fue aprobada por mayoría absoluta con los votos favorables de los Grupos Municipales del Partido Popular y Vox, fue expuesta por el Concejal de Hacienda, Álvaro González, quien aseguró que “el nuevo canon del agua es un impuesto autonómico, injusto, improcedente y que tendrá una reversión mínima o nula en los contribuyentes”.
González aseguró que “el impuesto llega en el peor momento, dado el encarecimiento y el coste de la vida, y hará mucho más difícil la economía de las familias, que ya están soportando una inflación desmedida. Se trata de un “impuestazo” que se inventa el señor Page para recaudar más en beneficio de la Junta y en perjuicio, otra vez, de los ciudadanos”, continuó.
El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, Marta Chacón, quiso rebatir estos argumentos justificando que “este impuesto es una imposición de la normativa europea y de la Directiva Marco del agua, por lo que la posición del grupo socialista en la votación será la abstención”, motivando dicha posición en que “no nos podemos pronunciar sobre algo que no está definido ni establecido definitivamente y que solo tiene un tono político”, finalizó.
Sin embargo, el texto de la moción justifica la “arbitrariedad” de este impuesto al agua ya que la mencionada Directiva Marco del Agua es del año 2000 (hace 24 años), por tanto, si el nuevo impuesto aprobado fuera imposición de la normativa europea y de la Directiva Marco del Agua, tal y como expresó la portavoz socialista, llevaría ya 22 años en vigor.
En su intervención, el alcalde insistió en que “este impuesto supone una doble imposición, ya que la Ley Reguladora del Ciclo Integral de Agua (del año 2002), ya incorpora un canon de aducción y un canon de depuración del agua, para la recuperación de costes, que estamos pagando los contribuyentes”.
En resumen, la moción defiende que “no puede sostenerse que el nuevo impuesto pretenda recuperar costes de los servicios relacionados con el agua (que ya estaban incluidos en los cánones de aducción y depuración)”, sino que “pretende pura y simplemente aumentar la carga fiscal sobre los castellano-manchegos, no sólo incrementando el tipo de gravamen de los cánones existentes, sino creando un nuevo impuesto que se cobrará indiscriminadamente a todos los ciudadanos, con independencia de que el Gobierno de Castilla – La Mancha abastezca o no, y depure o no sus aguas”.
Según los cálculos del equipo de gobierno municipal, el agua subirá de media unos 90 euros por vivienda o 300 euros en un bar y, si hay restaurante, superará los 800 euros.
Así, se ha acordó solicitar a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla – La Mancha que lleven a cabo cuantas medias «sean oportunas» para proceder a la derogación definitiva del canon medioambiental (DMA), mediante las oportunas iniciativas legislativas.
De la misma manera, se ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha la retirada del proyecto de Ley de Acompañamiento a la ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para 2024, de todos aquellos preceptos que restablecen o imponen de nuevo el canon medioambiental (DMA).
Este acuerdo se ha trasladado al presidente de Castilla – La Mancha, al presidente de las Cortes de Castilla – La Mancha y a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cortes de Castilla-La Mancha.
