En las últimas semanas, el debate público se ha intensificado (más si cabe) con el entendible hartazgo de agricultores y ganaderos ante el silencio del gobierno de España. Nuestro país, y en especial Guadalajara, se encuentra en jaque a causa de la crisis del campo ocasionada por una asfixia regulatoria que lastra las labores de nuestros agricultores y ganaderos a diario. A este punto se le unen las exigencias ambientales de unas políticas completamente alejadas de la realidad, que se elaboran desde una ventana del Ministerio en Madrid.
El medio rural en Guadalajara ve elevados sus costes de producción sin ninguna solución eficaz por parte del gobierno central. Entre los costes que más se han incrementado, es necesario destacar los costes energéticos, laborales, de materias primas, de combustible o de fertilizantes, entre otros. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, la producción agrícola ha disminuido un 12,4 %, las exportaciones se han reducido un 10 %, mientras que las importaciones han crecido en un 24 %. Además, las explotaciones ganaderas han perdido más de 3 millones de cabezas de ganado. No hay mayor realidad que los datos. El gobierno socialista no puede mirar hacia otro lado, porque los agricultores y ganaderos han dicho “basta ya” a esta situación crítica.
Desde el Partido Popular de Guadalajara, comprendemos y apoyamos las reivindicaciones de todos los afectados por esta crisis del campo, alimentada por un gobierno socialista que ha olvidado por completo las necesidades del sector primario, que sostiene la cadena alimentaria en España. Agricultores y ganaderos no pueden ser considerados en ningún momento como “enemigos del medio ambiente”, pues son ellos los que realmente conocen la realidad del campo. El Partido Socialista necesita pisar el campo, empezando por sus bases, para escuchar las preocupaciones de agricultores y ganadores, y alejarse de los ecologistas urbanitas que tratan de influir sin criterio y conocimiento sobre el tema.
La burocracia dejó hace tiempo de ser un aliado para el sector, para convertirse en el mayor de los enemigos. La Unión Europea ha de hacer reformas urgentes a través de una regulación más simple y revisando las exigencias ambientales. El continente europeo, como España en su conjunto, tiene particularidades geográficas que le obligan a adaptar la legislación a los condicionantes climáticos y ambientales de cada lugar. La Política Agraria Común conlleva una serie de exigencias ambientales y una reducción del presupuesto en un 10% con respecto al presupuesto anterior.
En estas líneas, me gustaría expresar mi apoyo rotundo a la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), que han liderado estas reivindicaciones en representación de cientos de agricultores y ganaderos de nuestra tierra que solicitan respuestas claras por parte del gobierno socialista. Me uno a su apuesta decidida por el consumo de alimentos de la tierra por encima de los alimentos producidos fuera de España, que no gozan de los mismos controles de calidad y seguridad. Guadalajara necesita una respuesta clara al problema del agua en la agricultura, y tan solo a través de un Pacto Nacional del Agua en el que se realicen inversiones en infraestructuras modernas, se garantizará la seguridad alimentaria para que haya agua disponible en nuestros campos. Los representantes socialistas a nivel nacional deben salir de los despachos de Madrid y escuchar sus necesidades a pie de campo. No hay tiempo que esperar, pues Guadalajara está en juego.
