El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificó con más del 87 % de los votos emitidos nuestra Carta Magna. Nació fruto del consenso, del entendimiento y, sobre todo, de la responsabilidad de las fuerzas políticas de aquel momento. Desde entonces, España ha sabido avanzar en un estado de bienestar fuerte, consolidado con el paso de los años y que nos ha dado un marco de estabilidad incuestionable hasta nuestros días.
Define la Real Academia Española la palabra “alma” como aquello que da vida o impulso a algo. Por tanto, se trata, también, de una parte ligada a la persona que, aunque no se pueda ver, es esencial para su conducta y comportamiento. Es decir, rige sus actuaciones sobre la base de la conciencia interior y, también, pone límite entre lo que está bien y lo que está mal.
El propio Isócrates, antes de la era cristiana, tenía la percepción de que la Constitución es el alma de los Estados. Con ello, podríamos decir que aquel espíritu de 1978 nos ha acompañado durante estos 45 años y ha marcado las actuaciones de nuestro país.
Este texto, que sirve de base a nuestro Ordenamiento Jurídico, garantiza la convivencia democrática y consolida un estado de derecho en el que el propio pueblo español es soberano. Es garantista en derechos y libertades y los blinda, dotando de una especial protección a aquellos que son fundamentales para el individuo y su relación dentro de la colectividad.
Por tanto, seguir el marco de la Constitución es avanzar en el desarrollo de la Democracia y solamente si nos mantenemos dentro de ella se puede alcanzar el progreso. No podemos ni debemos consentir que se tire por la borda todo lo conseguido. Los padres de la Constitución son un reflejo del consenso que se alcanzó en el 78, del que fue partícipe toda la sociedad. Y es ahí donde los poderes públicos debemos seguir ahondando, buscando el consenso que beneficie al conjunto de la nación y nunca los intereses que primen a una sola parte.
Hace unos días, durante la votación de investidura de la XV Legislatura, veíamos votar unidos al Partido Socialista con aquellos que pretenden dividir a España y fracturar la integridad del territorio lapidando así el derecho a la igualdad de todos los españoles.
Nuestra Carta Magna, precisamente, en su Artículo 2, hace alusión a la indisoluble unidad de la nación española y al principio de solidaridad entre todas aquellas regiones que la integran.
No se puede incumplir el principio de que todos los españoles son iguales ante la Ley. Y, por si fuera poco, faltar a la separación de poderes, de la que fue precursor Montesquieu.
En este hecho, inédito en 45 años de Democracia, entran en juego dos acepciones de la palabra “alma”. Por un lado, nos referimos al conjunto de la nación, representado por la Constitución, y que ha marcado la estabilidad del país durante toda la Transición. Por otro, está la de quienes votan deliberadamente en las Cortes Generales y consienten posturas que dañan la integridad del Estado.
La Constitución cumple 45 años de vida, que nos invitan a reflexionar sobre el camino que debemos seguir. Pues si el alma de cada uno de esos siete ponentes de la Constitución fue determinante para el conjunto del Estado, hoy, cerrando ya 2023, lo sigue siendo por parte de quienes tienen que tomar las decisiones en las Cortes Generales. Y de ello dependerá el futuro del conjunto de la nación y, por supuesto, el de la ciudad de Toledo.
