Canarias prevé abordar su regulación buscando el consenso con los centros, los profesores y las familias
La Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas españolas que tienen prohibido el uso de teléfonos móviles como mecanismo de comunicación en los colegios durante los periodos lectivos, mientras que en el resto de regiones son los centros los que limitan su uso.
No obstante, la Conselleria de Educación de la Generalitat catalana ha impulsado ya un proceso participativo, que comenzará la próxima semana, para regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos y prevé que el nuevo marco regulador llegue a las escuelas en enero de 2024.
Este proceso será conducido por el Consell Escolar de Catalunya (CEC), que dará indicaciones al departamento para elaborar el marco regulador y que, una vez esté hecho, se enviará en enero a todos los centros educativos catalanas. Este nuevo marco regulador tendrá orientaciones claras para las escuelas y pretende homogeneizar los elementos de referencia que se deberán regular en los colegios sobre el uso del móvil.
Además, fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han explicado a Europa Press que la regulación del uso de dispositivos móvil en las aulas es un tema que está sobre la mesa en estos momentos y que se va a abordar, aunque cualquier decisión que se adopte la debatirán previamente con los centros, el profesorado y las familias, con el objetivo de que sea una iniciativa consensuada con la comunidad educativa.
Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en prohibir el uso de estos dispositivos en los centros escolares. Así, la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 establece que los menores «no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas».
En la misma línea, esta ley regional señala que los menores «deben hacer un uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás».
Un año después, en 2015, Galicia prohibió el uso de móviles y dispositivos electrónicos durante los periodos lectivos. El entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacó que prohibían el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante los periodos lectivos». «Excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica. La prohibición es expresa y taxativa», zanjaba el popular.
GALICIA QUIERE ABORDAR UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA
Aunque esta norma continúa en vigor, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado esta semana partidario de abordar una regulación más estricta sobre el uso del móvil en las aulas y ha sostenido que la decisión debe ser «colectiva» y contar con el «máximo consenso posible».
El máximo mandatario autonómico sostiene que es una cuestión que se «debe hablar» para ver si se debe prohibir de una forma «mucho más taxativa». Así, sostiene que debe ser un asunto a abordar por los centros educativos con las familias para llegar al mayor consenso posible y «con racionalidad».
«Creo que es una cuestión a hablar, está encima de la mesa y creo que la tendencia mayoritaria es que debe regularse y no debe permitirse utilizar el teléfono al libre albedrío», defiende el presidente de la Xunta de Galicia.
Por su parte, la Comunidad de Madrid limitó el uso del móvil en los colegios al inicio del curso 2020/2021 «para mejorar el rendimiento académico y luchar contra el acoso escolar». Este cambio en la regulación madrileña incorporaba la prohibición expresa del uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, permitiendo, exclusivamente, su uso como herramienta didáctica o por razones de salud.
Esta medida, contemplada en la Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad del Ejecutivo regional, afecta a todos los centros públicos y concertados
La prohibición del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en la Comunidad de Madrid establece un margen de autonomía de los centros para que, en su contexto y dentro de las normas de convivencia aprobadas, puedan permitir el uso de estos medios, de forma excepcional, en determinado periodos, o con fines didácticos, así como a aquellos alumnos que por razones de necesidad o excepcionalidad lo necesiten.
LOS DOCENTES PUEDEN RETIRAR LOS MÓVILES A LOS ESTUDIANTES
Por ello, en los colegios madrileños se permiten estos dispositivos a los alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia. Asimismo, los docentes y la Dirección de los centros educativos podrán proceder a la retirada de los móviles de los estudiantes que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro.
Igualmente, la norma madrileña establece que los dispositivos de grabación de sonido o imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, serán entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
En Europa, algunos países ya han optado por regular el uso de móviles en colegios e institutos. Por ejemplo, en Francia, en los centros que imparten enseñanzas hasta los 15 años no están permitidos; en Portugal está prohibido su uso en las aulas sin autorización del profesor mientras que, como norma general, en el resto de países no hay establecidas prohibiciones expresas sobre su uso.
Existen múltiples trabajos que alertan de los posibles efectos negativos de la utilización del móvil en las aulas. Según un estudio de la Universidad de Chicago, los teléfonos móviles reducen la concentración -incluso estando apagados- y pueden provocar una falta de atención que impida a los alumnos adquirir conocimientos.
Desde la Conselleria de Educación de Baleares explican a Europa Press que no tienen previsto realizar nuevas directrices al respecto y que la limitación del uso del teléfono móvil en los colegios forma parte de la autonomía de los centros educativos y cada uno elige cómo regularlo.
En la misma línea, la Consejería de Educación de la Región de Murcia señala que el uso del móvil concierne a la autonomía pedagógica de cada colegio y que se recoge en la Programación Anual del centro, donde se determina el uso de dispositivos digitales.
En Andalucía, cada centro educativo, dentro de su Plan de Centro, debe establecer normas para la utilización de móviles y otros aparatos electrónicos, así como los procedimientos para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado, también medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación de los menores. De esta manera, la Junta apuesta por el uso de los móviles con «un fin pedagógico, como herramienta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas materias».
Las instrucciones de inicio de curso en Cantabria incluyen la no utilización del teléfono móvil en las aulas entre sus recomendaciones, una medida que, según el Gobierno regional, está teniendo «buena acogida en la gran mayoría de centros».
