El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Vector Ronda, una filial de Cabify, que solicitaba al Estado una indemnizaci贸n de 237,5 millones de euros por la aprobaci贸n en 2018 por parte del Gobierno de un decreto que traspasaba a las comunidades aut贸nomas las competencias de las licencias VTC en materia urbana.
El Alto Tribunal avala as铆 esta normativa –conocida como ‘Decreto 脕balos’ por ser titular del Ministerio de Transportes en ese momento el socialista Jos茅 Luis 脕balos–, que en la pr谩ctica limitaba las autorizaciones VTC al 谩mbito interurbano, con un periodo transitorio de 4 a帽os que concluy贸 el a帽o pasado.
La empresa argumentaba que este periodo no compensa 芦todos los perjuicios禄 causados por esta norma, principalmente los econ贸micos, al tener que dejar de prestar el servicio urbano si as铆 lo decid铆an las Comunidades Aut贸nomas pasados esos cuatro a帽os.
En concreto, Vector Ronda interpuso el recurso para proteger sus 2.192 licencias de VTC, calculando un perjuicio total de 237 millones de euros, a raz贸n de 164.320 euros por cada licencia en Madrid, 74.678 euros por licencia en Catalu帽a y 34.810 euros por licencia en Andaluc铆a, Valencia y Castilla-La Mancha.
En cualquier caso, algunas comunidades, como la de Madrid, han legislado a favor de la continuidad de los servicios VTC, como destaca la sentencia, por lo que cualquier perjuicio calculado tambi茅n se ver铆a limitado.
La sentencia comparte as铆 los argumentos de la Abogac铆a del Estado, al entender que las autorizaciones de VTC 芦no consolidan derechos adquiridos禄, por lo que no son generadoras de derechos patrimoniales consolidados o adquiridos.
芦La nueva regulaci贸n no priva de ning煤n derecho ni suprime ning煤n servicio o facultad propio de estas autorizaciones, se trata de un cambio en las condiciones de la autorizaci贸n que, ante una realidad no cuestionada, se limita a circunscribir la autorizaci贸n de 谩mbito nacional al contenido propio de la competencia estatal, dejando que sean las Comunidades Aut贸nomas las que regulen esta modalidad de transporte cuando su 谩mbito sea exclusivamente urbano y, por ello, intracomunitario, como demanda el dise帽o constitucional de esta competencia禄, explica la sentencia.
El Tribunal Supremo tambi茅n descarta que el decreto suponga un trato discriminatorio de las VTC frente a los taxis, entendiendo que solo ajusta la autorizaci贸n estatal a las competencias estatales en materia de transportes, seg煤n el criterio territorial de distribuci贸n de competencias dise帽ado en la Constituci贸n.
