El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano ha propuesto este viernes, en el seno de la Comisión Municipal de Hacienda, una rebaja del 2% en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de carácter urbano a partir del 1 de enero de 2024, lo que supondría una media de unos ocho euros por recibo.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, que ha explicado que esta propuesta será llevada al pleno extraordinario de la corporación que se celebrará el próximo miércoles, día 12 de julio, junto a un importante expediente de modificación de créditos por valor de 3,3 millones de euros y la rebaja inmediata en un 30% del impuesto de plusvalía urbana.
Previsiblemente estas medidas saldrán adelante con la mayoría simple del Partido Popular, aunque el alcalde confía en que reciba el apoyo del resto de los grupos municipales.
Según ha explicado el primer edil, la rebaja del IBI implicará una merma de recaudación de unos 240.000 euros. En todo caso las medidas vinculadas al Impuesto de Bienes Inmuebles entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2024, una vez que se aprueben los nuevos presupuestos, ya que el actual sigue vigente hasta la finalización del año.
PLUSVALÍAS Y ABONO TRANSPORTE
Respecto al impuesto de plusvalías, la rebaja alcanzará hasta un 30% desde el mismo momento de su visto bueno plenario, todo con el objetivo de compensar las obligaciones tributarias «desproporcionadas» de los ciudadanos en relación con el valor real de la vivienda, que se ha visto reducido en los últimos años. Esta medida supondrá un recorte de ingresos del 30% a aplicar en la previsión total inicial de unos 700.000 euros, ha señalado Ruiz.
Otras de las medidas que irán al próximo pleno será la prórroga en la bonificación del 50% para los abonos del transporte urbano, con efectos desde el 1 de julio al 31 de diciembre.
ADELANTO DE PAGOS POR SENTENCIAS
Miguel Ángel Ruiz también ha avanzado que el pleno extraordinario dará previsiblemente el visto bueno a una importante modificación de crédito por valor de 3,3 millones de euros, provenientes del remanente de tesorería, que en su mayor parte serán destinados al pago de sentencias adversas y sus intereses relacionadas con las expropiaciones de los terrenos frente al cementerio.
En este sentido ha explicado que hasta un total de 1,6 millones de euros serán destinados al pago de sentencias, incluido el adelanto de las obligaciones judiciales contraídas para el año que viene, con el objetivo de ahorrar el gasto en intereses legales. Otros 500.000 euros serán destinados al pago de los intereses pendientes, mientras que 243.700 euros se destinarán a la partida de Festejos, que el nuevo equipo de Gobierno ha encontrado prácticamente «acabada».
Además, 350.000 euros serán destinados al cumplimiento de las obligaciones con el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, según ha especificado el alcalde.
De otro lado, Ruiz ha advertido de que las obras de semipeatonalización de la calle Alejandro Prieto no estarán acabadas antes de final de año, con lo que no se cumplirán los plazos establecidos para la consecución del 100% de las ayudas provenientes de los fondos comunitarios vinculados a los proyectos EDUSI.
A preguntas de los periodistas, el alcalde ha recordado que la adjudicación de las obras se produjo el pasado mes de junio y que el contrato con la empresa fue firmado justo la semana anterior de que tomara posesión de su cargo como alcalde. Falta pues, que la empresa presente el plan de seguridad y salud, así como el acta de replanteo para que comiencen los trabajos.
Estas circunstancias, ha puntualizado Ruiz, acarrean un retraso de tres meses en el desarrollo del proyecto, que no podrá estar terminado antes de fin de año, con lo que presumiblemente Europa solo pagará la subvención correspondiente al porcentaje de obra ejecutado.
En este sentido, el alcalde ha recordado que hasta un total de 6 millones de euros no se podrán llevar a cabo conforme a lo previsto, incluidas las obras del ambicioso centro deportivo del Parque Pozo Norte anunciadas por el anterior equipo de Gobierno el pasado mes de mayo, cuyo procedimiento administrativo no se podrá iniciar, dada la imposibilidad de ajustarse a los plazos exigidos.
