La elevada inflación de los dos últimos años no ha hecho sino aumentar los daños derivados de la pandemia sobre las economías domésticas. Así lo indica una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 4.122 residentes en España (179 en Castilla-La Mancha) de entre 25 y 79 años con el fin de valorar la solvencia financiera de los hogares, o lo que es lo mismo, su capacidad para afrontar los gastos domésticos en vivienda, movilidad, alimentación, salud, educación y ocio.
Los datos, publicados en la revista OCU Compra Maestra de abril, revelan que el 75% de los hogares castellanomanchegos ha tenido dificultades para ahorrar dinero durante el año pasado, frente al 64% en 2020. Y lo que es peor, el porcentaje de familias con graves dificultades para llegar a final de mes asciende al 11%, un dato que, siendo alto, coincide con la media nacional.
En cualquier caso, el índice de solvencia familiar elaborado por OCU, que mide la capacidad de las familias para afrontar los gastos del hogar (vivienda, salud, movilidad…) ponderados según su relevancia sobre el conjunto de su economía doméstica, ha descendido este año en todas las Comunidades Autónomas, salvo País Vasco, Región de Murcia, Asturias y Canarias.
La encuesta también apunta partidas de gastos relevantes que resultan especialmente difíciles de afrontar. Les sucede a un 53% de los encuestados en el conjunto de las comunidades autónomas cuando se les pregunta por el pago de los suministros de electricidad, gas y agua. También a la hora de adquirir alimentos frescos, como la carne y el pescado (al 48% de las familias le resulta difícil o muy difícil afrontar este gasto), las frutas y verduras (42%) o alimentos básicos como el pan, la pasta, el arroz, el aceite y los lácteos (40%). Además de afectar a otro gasto vital para la salud, como es visitar al dentista (49%).
OCU pide incrementar las ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo, entre los más afectados según la encuesta. Además de automatizarlas mediante la creación de un registro de familias vulnerables. La organización estima que alrededor de la mitad de los posibles beneficiarios siguen sin beneficiarse de las ayudas a las que tiene derecho, bien por las dificultades para gestionarlas como por desconocimiento.
Esta información ha sido elaborada por un equipo de ingenieros, economistas, abogados, estadísticos, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 200.000 socios activos.
