La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre y a una mujer por participar en una organización criminal que estafó a 55 administraciones públicas, entre ellas a numerosos ayuntamientos (entre ellos el de Albacete), asà como a hospitales, universidades, consorcios u organismos en la Comunidad de Madrid, el PaÃs Vasco o Navarra, al hacerse pasar por proveedores habituales que no habÃan cobrado algún servicio. El daño total a las arcas del Estado asciende a dos millones de euros.
La Sala de lo Penal ha declarado probado que ambos acusados empleaban documentos falsos para ganar dinero a través de estafas tanto a entidades públicas como a particulares. Esas falsificaciones eran la «piedra angular» que les permitÃa mover el dinero y algunos de los investigados manejaban «decenas» de documentos de identidad de varios paÃses, «cuya detección por parte de las entidades bancarias es prácticamente imposible», indica la Audiencia.
La sentencia fija 5 años y 2 años y medio de cárcel para el hombre y la mujer, respectivamente, por los delitos continuados de estafa y falsedad, y por el de pertenencia a organización criminal, con las atenuantes de reconocimiento de los hechos y, en el caso de la mujer, de reparación del daño, más multas de 990 y 540 euros, después de alcanzar un acuerdo con la FiscalÃa en el juicio.
Del mismo modo señala que deberán indemnizar, con miles de euros y más intereses, a los ayuntamientos de AlmerÃa, Albacete, Bilbao, Espinar, GandÃa, Olot, Portugalete, Sanxenxo, Zarauz, Parets del Vallés, Castellón, Amorebieta-Etxanoko Udala, Arganda el Rey, Caldas de Malavella, Castelldefels, Santa Cruz de Bezana, Valdilecha, Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de la Barca o AlaurÃn de la Torre.
Entre los afectados también están el Gobierno de Navarra por el Servicio Navarro de Salud (36.629 euros); el Instituto Foral de Asistencia Social; el Servicio Vasco de Salud (35.000 euros); las diputaciones de Castellón (58.790 euros) y Barcelona (266.081 euros); el BoletÃn Oficial de la Comunidad de Madrid (60.000 euros); las universidades de La Laguna y de Santiago de Compostela; Aguas de Bilbao y Aguas de Murcia, o el Hospital ClÃnic de Barcelona.
Mientras que entre las entidades que consiguieron bloquear sus pagos se encuentran, entre otras, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña o el Canal de Isabel II.
‘MULAS’ O TESTAFERROS
Al hombre condenado se le atribuye haber contribuido a abrir 47 cuentas bancarias con 16 identidades distintas durante cinco meses, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Por su parte, la mujer es considerada responsable de crear 14 cuentas con cinco identidades. La organización contaba con ‘mulas’ o testaferros que consentÃan que su cara o sus nombres figurasen en la documentación falsificada.
Para llevar a cabo sus planes, los acusados elaboraban documentos de identidad y personales, como de empadronamiento o contratos de trabajo, que utilizaban para abrir cientos de cuentas bancarias en diferentes entidades y paÃses, donde recibÃan las transferencias de dinero por parte de las vÃctimas de la estafa, antes de moverlo a lugares como RumanÃa, Alemania, HungrÃa, Italia o Polonia. En estos paÃses era donde sacaban en metálico el dinero que habÃan estafado.
En el relato de hechos probados, la magistrada Ana MarÃa Rubio distingue entre el método que utilizaban para estafar a las administraciones públicas y el usado para engañar a personas particulares, una actividad que se remonta «al menos» al verano de 2016. Además, la ponente divide la estructura organizativa en varios departamento: planificación, informática, falsificación y logÃstica.
A la hora de tratar con entidades públicas, la organización criminal estudiaba previamente los contratos con proveedores y empresas prestadoras de servicios. Una vez que accedÃan a facturas y pedidos, el siguiente paso consistÃa en suplantar a compañÃas que tenÃan algún cobro pendiente y llamaban o escribÃan por correo electrónico a las administraciones, avisando de que habÃan cambiado el número de cuenta en el que habÃan de saldar el pago.
Esta forma de obrar incluÃa un «sistema de verificación y control», a partir del cual los estafadores hacÃan llegar a sus vÃctimas documentos «con información no verdadera» que daban cuenta del cambio del número de cuenta, para asà disfrazar el engaño.
Las administraciones públicas que cayeron en la trampa no llegaron a sospechar al recibir la documentación sobre los cambios en las cuentas bancarias. «A través de esta modalidad se ha intentado múltiples engaños, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas», señala la Sala de lo Penal.
ESTAFAS A PARTICULARES
A renglón seguido, los magistrados consideran acreditado que cuando la organización se proponÃa estafar a personas particulares, elegÃan internet como plataforma y actuaban con distintos tipos de estafa, como el ‘phising’ bancario, engaños en la compraventa de bienes y servicios o con alquileres temporales o turÃsticos, «quizá la más utilizada» y de una manera más activa a lo largo del verano.
El ‘phising’ se trata de enviar un enlace al correo o al teléfono móvil de la vÃctima simulando que quien lo envÃa es un banco, pero cuando el receptor accede e introduce sus claves personales, los estafadores las copian y proceden a transferirse, a robar dinero.
Ya sean personas fÃsicas o jurÃdicas, hay 705 afectados particulares en España y el dinero total estafado es de 1.183.642 euros. 426 vÃctimas están identificadas y 365 ya han denunciado.
