La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, afirma que no le cabe «ninguna duda» de que si el Ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez no fuera un gobierno de coalición, ya se habrían analizado «vías legislativas» para «atajar» la ocupación ilegal de viviendas.
Fernández, en una entrevista concedida a la Agencia Efe, analiza la problemática causada por la ocupación ilegal de viviendas en algunas zonas de Castilla-La Mancha, donde hay «auténticas organizaciones criminales que alquilan y subalquilan viviendas que no son suyas, a precios a veces desorbitados para ejercer la prostitución, explotar sexualmente muchas veces a menores, para tráfico de drogas», y afirma que es un «problema grave».
Por ello, las Cortes regionales aprobaron a finales de 2020 una iniciativa legislativa, impulsada por el Gobierno autonómico, para combatir la ocupación ilegal de viviendas que se trasladó al Ejecutivo central, ya que es el que tiene competencias en esta materia, si bien aún no ha avanzado nada sobre el tema, aunque Fernández recuerda que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, se reunió hace unas semanas con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para trasladarle el texto, y además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, «se ha tomado la molestia de coger el texto».
El objetivo de la Junta de Comunidades, sostiene Fernández, es «trasladar al Gobierno central que hay una realidad dura y difícil, que está localizada por municipios, pero que puede extenderse» y señala que, en la actualidad, mayoritariamente las ocupaciones ilegales de viviendas ya no son por parte de familias que son expulsadas de sus residencias habituales por no poder pagar el alquiler o la hipoteca, sino que las practican organizaciones criminales.
«Hay que analizar las cosas como son, no con ideas románticas, y pretendemos dar instrumentos jurídicos eficaces a la justicia, los ayuntamientos, particulares y gobiernos autonómicos, para poder actuar ante esta realidad», argumenta Fernández, que se muestra partidaria de «tomar decisiones con bisturí, no se puede matar moscas a cañonazos, pero desde luego hay que tomar decisiones» como esta ley y ayudar a pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda habitual a quien tenga dificultades.
Y en esta línea, afirma que no le cabe «ninguna duda» de que si el Gobierno central no fuera de coalición, sino que solo estuviera compuesto por el PSOE, «ya hubiese analizado las vías legislativas», ya fuese la ley redactada en Castilla-La Mancha «o de otra manera», para atajar la situación, pues recuerda que Unidas Podemos «se ha vinculado mucho tiempo a las plataformas antidesahucio».
«Esas plataformas antidesahucio han ayudado a muchísima gente que en ese momento no podían pagar su alquiler de la vivienda donde estaban o de su hipoteca y hay casos puntuales que han llegado y han ocupado una vivienda porque no les quedaba más remedio. Esas plataformas han sido muy útiles (…) pero la situación ha variado», subraya Fernández.
REGULAR LA GANADERÍA CON PONDERACIÓN Y DE LA MANO DEL SECTOR
Fernández también aborda la polémica que ha rodeado a las macrogranjas en las últimas semanas, a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne que en ellas se produce y lamenta que un ministro vaya «a un medio de comunicación extranjero a decir que la carne española que proviene de la ganadería intensiva es de baja calidad, mala calidad o de peor calidad, y menos el ministro de Consumo».
«¿Qué mensaje estamos lanzando al exterior? Estamos debilitando las exportaciones, a los productores», afea la portavoz del Gobierno castellanomanchego que argumenta: «Todos sabemos que no es lo mismo un cerdo de pata negra criado en una dehesa comiendo bellotas que un cerdo criado en ganadería intensiva, pero ¿quién se puede permitir comer un jamón de pata negra de un cedro criado comiendo bellota en una dehesa? Seamos honestos».
Por ello, defiende que el Ejecutivo castellanomanchego ha aprobado una moratoria para la instalación de granjas de porcino de más de 2.000 cabezas, que estará en vigor hasta finales de 2024, para «ordenar el sector, buscar sostenbilidad» y ello, «de la mano del sector», pues afirma que «si no, a la larga los perjudicados hubieran sido ellos», los ganaderos.
También alude al «conflicto social» que se ha producido en municipios de la región, donde se han creado plataformas vecinales contra proyectos de macrogranjas y los alcaldes se han negado a conceder las licencias a los promotores de estos proyectos a pesar de que tenían la documentación, por ese malestar social, e incluso desvela que algunos regidores han sido amenazados con ser denunciados por parte de los impulsores de estos proyectos cuando han visto cómo se les denegaban las licencias.
En cuanto a las movilizaciones anunciadas por Asaja contra la moratoria, Fernández asegura que el Gobierno regional ha tenido «una comunicación muy fluida en todo este tiempo» y que sabían que se iba a aprobar dicha moratoria.
«Respetamos mucho la posición de Asaja y de cualquier organización ya sea agraria o sindical, social. Si se movilizan, hablaremos con ellos, si no se movilizan, hablaremos con ellos. Queremos tener diálogo permanente con el sector», asegura Fernández que insiste en que la moratoria busca «dar seguridad» y ordenar el sector, «poner sensatez y sentido común».
FERNÁNDEZ VE «INCONSISTENCIA POLÍTICA» EN NÚÑEZ
Por ello, rechaza las críticas del líder del PP regional, Paco Núñez, a la moratoria de las macrogranjas y recuerda que los ‘populares’ han borrado mensajes de las redes sociales en las que se posicionaban en contra de las mismas.
«Se puede equivocar una y mil veces como humano que es, pero la inconsistencia política y ser una veleta pendiente de cómo sopla el viento en cada momento hace que tenga contradicciones permanentemente», señala la portavoz del Gobierno regional, que advierte de que esa actitud hace que sea «insolvente desde un punto de vista de credibilidad ciudadana, porque la ciudadanía necesita saber a qué atenerse, para bien o para mal».
Asimismo, y ante la petición de reunión que hizo Núñez a García-Page para abordar diversas cuestiones, Fernández señala que aún no hay fecha fijada y señala que «a veces es más sencillo poner a hablar a niveles intermedios», ante lo cual el Gobierno regional siempre «está abierto a hablar con la oposición, con Núñez o con quien estime de su equipo que hay que hablar».
«En la posición de pedir una reunión a Page, lo único que intenta conseguir Núñez es volumen político y una foto, para eso no está el presidente, el presidente está para trabajar, alcanzar acuerdos y hablar en serio. Si no hay propuestas de acuerdo y hablar en serio con Núñez, Page no necesita la foto. Lo que necesita la ciudadanía es vernos acordar y pactar, no reunirnos un día y al día siguiente estar tirándonos los trastos, como es la experiencia que hemos tenido con Núñez», concluye Fernández.
