El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santi Cabañero, ha participado este viernes en una nueva reunión de trabajo dentro de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Una cita que ha tenido lugar por videoconferencia y en la que, tras quedar aprobado el acta de la sesión previa (que tuvo lugar el pasado 6 de mayo), se han analizado y comentado tanto el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte como el borrador de proyecto de Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
Sobre el primero de los asuntos, el pasado 22 de julio el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) abrió el proceso de participación en su elaboración a través de la convocatoria en su página web de la consulta pública previa (abierta hasta el próximo 30 de octubre).
El espíritu de esta ley es apreciar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y una herramienta para el crecimiento económico., lo que supone dar respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos que tiene el país, y donde tanto el Gobierno como la FEMP a través de esta Comisión coinciden en que es fundamental colocar al ciudadano y a la movilidad cotidiana en el centro de las decisiones.
Entre los principales objetivos a alcanzar por la futura norma están el de progresar hacia una fiscalidad verde en el transporte; el de crear un sistema de financiación del transporte público basado en criterios estables, predecibles y proporcionales; el de desarrollar un modelo de gobernanza que permita un diseño coherente de las políticas de movilidad; y el de impulsar la innovación y digitalización en el transporte y la logística.
En definitiva, avanzar hacia un modelo de transporte y movilidad sostenible como factor clave para el futuro de nuestro país en el que, como ha destacado el presidente provincial albaceteño, «las Entidades Locales (y, como ‘abrigo’ de todas ellas, las Diputaciones) tienen mucho que decir».
Generación de oportunidades merced a un necesario cambio de mentalidad en la movilidad y el transporte
En este sentido, Cabañero ha insistido en su convencimiento de que el camino ha de llevar a dejar de pensar en la concepción más clásica del transporte que hemos venido conociendo hasta ahora, especialmente, en lo que al medio rural se refiere: «Lo de los grandes autobuses prácticamente vacíos ha de dejar paso a otras fórmulas mucho más interesantes, más útiles, más eficientes (también económicamente) y más sostenibles, enfocadas a una especie de ‘transporte a demanda’ que permita que desde las Administraciones se pueda dar servicio a toda la población que, recalco, merece igualdad de oportunidades en todas las cuestiones, también en ésta, viva donde viva», ha explicado.
El Gobierno y la FEMP vienen compartiendo en estos últimos meses que las Entidades Locales se están enfrentando a diferentes problemáticas que necesitan ser gestionadas, teniendo los pueblos y ciudades un papel vital en estos momentos en la necesaria y compleja reconstrucción social generad con el impacto de la pandemia de COVID-19.
Ello pasa, como en el caso de este anteproyecto de ley, por planificar conjuntamente nuevas prioridades de actuación municipal, replantear los programas de servicios directos que se ofrecen a la ciudadanía y diseñando con ello un futuro más próspero que aproveche la situación para proyectarse bajo las premisas que marcan los compromisos de la Agenda 2030.
Esta norma será decisiva en la generación de nuevas oportunidades para, por ejemplo, afrontar la emergencia climática; o adaptar la movilidad urbana en los pueblos y ciudades a realidades más eficientes, limpias, sostenibles, saludables, inteligentes y de calidad.
Medidas de Financiación acordes a la situación y a las necesidades de las Entidades Locales
Cuestiones en las que será fundamental el segundo de los grandes asuntos abordados en este encuentro telemático de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP: el borrador de proyecto de Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente.
Una situación que parte de la derogación, este pasado 10 de en el Congreso de los Diputados, del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que recogía una serie de medidas acordadas entre el Gobierno de España y la propia FEMP, enfocadas reforzar la autonomía local tras la declaración del Estado de Alarma provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, incrementando sus ingresos y ampliando la capacidad de la administración municipal para poder responder a las necesidades de los ciudadanos en el momento de emergencia sanitaria que nos enmarca.
Ese día, el Parlamento español no daba la mayoría necesaria a dicho RD que, tal y como también en otras ocasiones ha manifestado estos días el propio presidente de la Diputación de Albacete, «habría permitido que los Ayuntamientos y las Diputaciones pudiésemos utilizar esos remanentes que hemos ido ahorrando durante estos años (y que no nos han permitido invertir en la ciudadanía durante estos ejercicios anteriores por culpa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que, desde 2012, pone un injusto ‘corsé’ a las Administraciones Locales para contener el déficit que se genera en las Administraciones Autonómicas y en la Administración General del Estado”.
Tras ello, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, anunciaba nuevas medidas importantes para las Entidades Locales; por ejemplo, la eliminación del cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio para las Administraciones Locales, y su posible prórroga para el año 2021.
Una iniciativa que, como ha reiterado Cabañero, supone “un importante alivio para las cuentas municipales», ya que elimina uno de los dos impedimentos legales más importantes que imposibilitan que los Ayuntamientos y Diputaciones puedan formalizar un presupuesto de gastos acorde con la totalidad de los ingresos que tengan previsto recaudar; todo ello, dentro de los márgenes que permite la Ley de Estabilidad (que es la segunda traba legal que se impone a las Administraciones Públicas) y, de ese modo, devolver a la ciudadanía (vía mejores y mayores servicios, o vía incremento de su programa inversor), la totalidad de lo que aportan a través de sus impuestos, tasas o precios públicos.
En el seno de esta Comisión de la FEMP se ha debatido y analizado este medida que el presidente provincial albaceteño ha reiterado que es «una buena noticia” con la que considera, además, que el Ministerio de Hacienda escucha una vez más las reivindicaciones de las Entidades Locales. Algo que, además, beneficiará a la propia ciudadanía que, ha señalado, se podrá beneficiar de forma directa de los mayores recursos permitiría liberar (cifrados por el propio en unos 3.000 millones de €, repartidos por todo el territorio nacional).
Santi Cabañero ha subrayado que en estos momentos duros y complicados por los que atraviesa el conjunto de la sociedad, las Administraciones Públicas han de poner al servicio de la ciudadanía cuantos recursos tengan a su alcance. Un camino que se emprende con este borrador pero en el que ha insistido en que las Entidades Locales han de seguir reivindicando que los remanentes de los que disponen estén en manos de la ciudadanía y no de los Bancos.
