Los remanentes de tesorería que tienen buena parte de las entidades locales alcanzó la cifra de 16.727,2 millones de euros en el año 2019, registrando los mayores montantes los situados en las comunidades autónomas de Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana. Por su parte, los ayuntamientos de Castilla-La Mancha acumulan un remanente de 130,7 millones de euros.
En concreto, el saldo no financiero de las entidades locales es de 4.858,1 millones de euros, registrando los mayores saldos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (930,3 millones de euros), Andalucía (898,1 millones), Canarias (676,8 millones) y Comunidad Valenciana (588 millones).
Les siguen las entidades locales de Cataluña (518,2 millones), Islas Baleares (285,9 millones), Aragón (227 millones), Castilla y León (198,8 millones), Galicia (145,5 millones), Castilla-La Mancha (130,7 millones), Murcia (77,6 millones), Asturias (66,2 millones), Cantabria (42,8 millones), Extremadura (40,7 millones), La Rioja (16,54 millones) y Ceuta (14,3 millones).
En cuanto a los remanentes de tesorería que las entidades tienen depositados en los bancos, al no poder haber hecho uso de los mismos, encabezan las mayores cifras las regiones de Cataluña (2.567,1 millones), Canarias (2.125,2 millones), Andalucía (1.917 millones), Comunidad Valenciana (1.675 millones) y la Comunidad de Madrid (1.361 millones).
A continuación se sitúan los entes locales de Galicia, con 1.283,5 millones de remanentes, Castilla y León (1.234,9 millones), País Vasco (1.196,5 millones), Islas Baleares (850,9 millones), Castilla-La Mancha (627,6 millones), Aragón (619,1 millones), Extremadura (423,5 millones), Cantabria (272,6 millones) Asturias (241,7 millones), La Rioja (108,7 millones), Murcia (107,3 millones), Navarra (98,5 millones) y Ceuta (16,63 millones).
HACIENDA SUSPENDE LA REGLA DE GASTO DE 2020
El Ministerio de Hacienda anunció el pasado lunes que va a impulsar un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros.
Los técnicos de Hacienda creen que es un «acierto» que el Gobierno retome con un nuevo real decreto ley las medidas que tienen un mayor consenso y que fueron rechazadas la pasada semana en el Congreso, y además aproveche para modificar los Presupuestos del Estado para financiar las mayores entregas a cuenta a los municipios en este año e incorpore la liquidación de la financiación de los municipios correspondiente a 2018.
Igualmente, esperan que se logre un acuerdo amplio en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permita disponer al Tesoro de la parte restante de los 14.850 millones «indisponibles» de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares y recuperar el fondo de 5.000 millones de euros para las entidades locales que decidan prestar sus remanentes positivos.
Según Gestha, el nuevo real decreto permitirá a los municipios más solventes utilizar parte de sus remanentes para compensar el déficit que se va a producir en 2020, y sobre todo en 2021, cuando disminuyan las entregas a cuenta estatales por la caída de la recaudación tributaria que ha provocado la pandemia en este año 2020.
La regla de gasto, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorio destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.
La nueva iniciativa de Hacienda llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la FEMP para la cesión al Estado de los remanentes municipales, que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.
QUEDAN PENDIENTES LOS REMANENTES
No obstante, la nueva iniciativa de Hacienda aborda el 85% de las medidas del decreto fallido pero no va a incluir medidas relativas a los remanentes por «falta de consenso», tras la fallida fórmula que permitía esquivar el veto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Constitución a la posibilidad de que los ayuntamientos registren déficit, de forma que los municipios que quisiesen podrían hacer un préstamo a la Administración del Estado por los más de 14.000 millones de euros acumulados en remanentes para recibirlos de forma progresiva durante los próximos diez años.
Para ello, Hacienda ofrecía en el decreto no convalidado acceso a líneas de financiación de unos 5.000 millones a fondo perdido entre 2020 y 2021 a los ayuntamientos que se ofreciesen, así como cubrir parte de sus gastos y que parte de ese montante estuviese ligado a la población y no a su remanente con el fin de beneficiar también a los municipios que no tuviesen ahorros.
Los alcaldes que se opusieron al real decreto de Montero exigen que el fondo Covid de 5.000 millones para los ayuntamientos sea incondicionado, como a las comunidades autónomas, y que no dependa de los remanentes, siendo el Estado el que sufragase los fondos adicionales para los municipios. De su lado, los partidos de izquierdas abogan por eliminar el veto al déficit de las entidades locales.
