El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la presente semana ha aprobado un gasto total de 22,2 millones de euros, de los que 15,4 irán destinados al Ingreso Mínimo de Solidaridad del 2018 y los 6,8 restantes a Ayudas de Emergencia Social, a fin de conseguir «la inclusión social de las personas y las unidades familiares de la región que, por no tener recursos, no pueden atender sus necesidades básicas».
Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez quien, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha indicado que la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad para el próximo ejercicio se ha incrementado en cinco millones de euros respecto a este 2017, cuando el Ejecutivo autonómico presupuestó 10,4 millones.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad, que llegará a unas 4.500 familias, incluye para el próximo ejercicio, como novedades, el aumento de la cuantía de la ayuda, que sube de 420 a 429 euros por persona y mes. En este sentido, ha destacado que la media familiar mensual ascenderá a 501 euros en 2018.
Otra de las novedades, ha indicado, es que las ayudas podrán renovarse más de 24 meses, de forma que «se introduce la posibilidad de prórroga de las ayudas una vez agotados los dos años de su percepción», cuando el titular de la unidad familiar tenga a su cargo menores de 16 años y no tenga derecho a una prestación por desempleo, o cuando sea mayor de 55 años y no pueda acceder a un subsidio por encontrase sin empleo.
También, cuando haya sido víctima de violencia de género y continúe en un itinerario de inclusión social, con dificultades para acceder al mercado de trabajo, o cuando se den otras situaciones acreditadas por un trabajador social, ha agregado.
Sobre esta cuestión concreta, y preguntada sobre durante cuánto tiempo se podrá percibir, la titular regional ha afirmado que son los equipos de atención los que valoran la renovación de esta prestación social «siempre que lo vean justificado».
«En principio no hay límite –para seguir recibiendo esa ayuda–. Pero el objetivo es incluir a los beneficiarios en un itinerario de inserción para que puedan acceder a un empleo protegido a fin de que las familias puedan conseguir otra forma de vida más normalizada».
En cuanto a la otra novedad que incorpora esta prestación de cara al 2018, la consejera ha explicado que se elimina la interrupción de tres meses en el cobro anual de las ayudas. Hasta ahora se percibe durante seis meses continuados y se suspende por tres.
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
En otro orden de cosas, Sánchez ha informado de que el Consejo de Gobierno ha acordado este martes la resolución que permite convocar las Ayudas de Emergencia Social para 2018, que cuentan con un presupuesto de 6,8 millones de euros y podrán llegar a unas 5.800 familias de la región.
Ha recordado Sánchez que las Ayudas de Emergencia Social son una prestación económica destinada a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso.
FUTURA LEY DE GARANTÍAS
A preguntas de los medios, la consejera ha asegurado que estos cambios están contemplados en el Plan de Garantías Ciudadanas y se plasmarán en la ley que está previsto recoja renta básica garantizada. «Esta renta mínima se va a cercando a una renta garantizada. Es todo un pasaje de protección lo que se va a dar a las familias para superar dificultades sociales y económicas», ha concluido.
