El informe anual de las actuaciones del Defensor del Pueblo recoge en un apartado la situación de los vertidos de amianto en el barrio del Polígono de Toledo, asunto sobre el que la institución desvela que el Ayuntamiento toledano ha informado de que para el uso posterior de estos terrenos tiene previsto requerir su retirada definitiva; mientras que el Gobierno regional ha respondido que no considera que los suelos con presencia de amianto estabilizado o aislado impliquen un riesgo para la salud humana, si bien la retirada del amianto tiene que ser un requisito previo a la licencia municipal y a futuro si se produjese un uso constructivo del terreno, y con cargo al promotor.
De este modo, el Defensor hace referencia a una contestación emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en mayo de 2019 –entonces incardinada en la Consejería de Agricultura antes de la reestructuración del Gobierno–, en la cual se argumenta por parte de la Administración regional que en el caso de que cambie el escenario previsto y se produjese un uso del terreno «que pueda suponer remoción de los depósitos», la Junta «estaría de acuerdo con el requisito impuesto por el Ayuntamiento», si bien entiende que esta obligación «se trasladará a las correspondientes licencias municipales que puedan otorgarse».
Precisa el Defensor del Pueblo además que se ha aprobado un nuevo proyecto para actuar en un tramo del cauce del arroyo Ramabujas, que ya ha sido autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Se ha solicitado información al Ayuntamiento de Toledo y a la Consejería de Desarrollo Sostenible sobre las medidas a adoptar en las parcelas donde se ha realizado un sellado de los restos de fibrocemento pero no se ha procedido a la retirada del amianto con el objeto de conocer si se ha valorado la declaración de esos suelos como contaminados además de las posibles consecuencias jurídicas de esta situación sobre el derecho a la propiedad de los titulares de esos terrenos.
El Defensor del Pueblo se ha dirigido de nuevo a la Administración municipal y autonómica para indicarle que supervise la efectividad de los trabajos de retirada de amianto o cubrición a través de las funciones de vigilancia, inspección y control que le atribuye la Ley de Residuos y Suelos Contaminados a fin de verificar que se están adoptando las medidas necesarias para asegurar que la gestión de estos residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.
Además, esta institución también ha propuesto que se lleve a cabo un registro administrativo de los trabajos realizados en estos suelos de manera similar a lo previsto en la legislación, lo cual, desde el departamento que dirige José Luis Escudero, precian que ya se está llevando a cabo.
El Defensor ha recordado tanto a Ayuntamiento como a Gobierno regional que la Ley General de Sanidad establece que todas las administraciones, a través de sus servicios de salud y de los órganos competentes en cada caso, pueden desarrollar actuaciones para la promoción y mejora de los sistemas de control del aire y la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del medio ambiente en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda.
Por eso, se ha solicitado información a esas administraciones sobre si tienen pensado realizar nuevos controles para evaluar la presencia de fibras de fibrocemento en este barrio, además de plantearse la adopción de otras medidas como, por ejemplo, planes para señalizar las zonas afectadas por la presencia de depósitos de fibrocemento con residuos de amianto o para estudiar las condiciones ambientales del barrio y prevenir posibles riesgos para la salud.
La respuesta de la Junta indica que por parte de Tragsa ya se están realizando estas acciones, al tiempo que enfatiza que la voluntad del Gobierno regional es firme en el tratamiento adecuado de este residuo.
EL AYUNTAMIENTO DESTACA EL COMPROMISO DE LA JUNTA
Las mismas fuentes recuerdan que el Ayuntamiento realiza mediciones de la calidad del aire, cuyos resultados comparte con el grupo de trabajo creado en el barrio del Polígono y en el que se encuentran representantes colectivos vecinales y partidos políticos. En este ámbito, además, se aprobó el diseño de la señalización que se va a ubicar para indicar dónde se encuentran los restos de amianto y por la que pregunta el Defensor. Su instalación quedó suspendida con la crisis de la COVID-19 y se espera retomarlo en cuanto sea posible.
