En primer lugar, deseo expresar mi reconocimiento público y personal a todas las trabajadoras y trabajadores del sector sanitario público que sin duda alguna están llevando a cabo la tarea más ardua y difícil para sacar al país, a sus ciudadanos, de esta gran crisis de salud pública que estamos padeciendo. Gracias, gracias de todo corazón a estas trabajadoras y trabajadores que están realizando una magnífica labor con insuficiencia de recursos, arriesgando su salud personal, consecuencia del adelgazamiento del sistema público de salud derivado de los salvajes recortes del PP en la sanidad pública.
Es obvio que la prioridad absoluta en estos tiempos es la salida a esta crisis sanitaria sin precedentes. Pero no debemos olvidar que también están en juego las consecuencias de esta crisis para otros servicios públicos como es la educación. Y quiero trasladar esta reflexión y mensaje al ámbito de la educación pública. Un derecho constitucional que ha sido y continúa siendo menospreciado por el PP y deteriorado en nuestra región por el seguidismo del Gobierno de García-Page de determinadas políticas educativas neoliberales. Con discursos retóricos y contradictorios, o actuaciones ambiguas y con falta de consistencia política que reflejan la ausencia de una verdadera apuesta por la enseñanza pública en Castilla-La Mancha.
Algunas de estas actuaciones y medidas van a tener una repercusión negativa a corto y medio plazo en la educación pública de nuestra región. Desde el ámbito estatal, por una ley educativa (LOE) que no articuló todas las garantías para la defensa de la educación pública, que tiene su repercusión en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el año 2020 en cuanto al aumento considerable en la financiación de los centros concertados, y que asciende aproximadamente a un total de 1.356.366 euros (DOCM de 3 de abril).
Desde el ámbito regional, por la pretensión del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha de incrementar el número de conciertos educativos en las zonas de Seseña y Toledo, tratando de justificarlo con el argumento del “crecimiento de la población”. Para ello, la Consejería de Educación ha aprobado una resolución provisional (12 de marzo), que sumado al incremento en la financiación de unidades concertadas pone de manifiesto la preocupación y compromiso político de este Gobierno regional por la escuela pública.
O medidas que se mantienen desde el año 2011 que continúan deteriorando a la escuela pública, como los barracones que sustituyen a las aulas, las elevadas ratios del alumnado y de horas lectivas del profesorado, la falta de apoyos y recursos para la atención a la diversidad del alumnado, sobre todo al más necesitado, la elevada temporalidad y precariedad laboral que sufre el profesorado interino, el olvido de la escuela rural, la insuficiencia en inversión educativa.
Ante la decisión del Presidente Page y de su Consejera de Educación para incrementar los conciertos educativos en Seseña y Toledo, es preciso recordar que la Constitución Española no ampara los conciertos. La medida sólo se puede justificar por razones ideológicas neoliberales ligadas a la supuesta “libertad de elección de centro”.
El texto constitucional, en su artículo 27, declara el derecho universal a la educación, así como el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica, además de establecer que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación con participación efectiva de todos los sectores afectados”. Y que corresponde a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho universal mediante la creación de centros docentes públicos para hacer efectivo el mencionado derecho. Responsabilidad que no puede ignorar el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es el impedimento para la creación de centros públicos en las zonas de Toledo, Seseña o cualquier otra localidad?
Y el manido argumento de la “libertad de enseñanza” que reconoce “la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales” que posibilita la creación de centros privados, no contempla en modo alguno en nuestra Constitución la obligación de financiar con fondos públicos la creación o funcionamiento de estos centros, ni el pretendido “derecho a elegir centro” por parte de las familias. Esto forma parte del argumentario neoliberal del PP, patronales de la enseñanza privada y sus acólitos, que desde su ideología de “más mercado y menos Estado” defienden que todo se puede comprar y vender, también la educación.
El texto constitucional, además de establecer que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, no indica que el Estado esté obligado a ofrecer la gratuidad de la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos (sentencia 86/1985, de 10 de julio, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional). La libre elección de centro escolar es una manifestación de preferencia particular y de renuncia expresa a una plaza pública de las familias, pero no un derecho que el Estado debe garantizar mediante fondos públicos. Porque la libertad de elección así entendida se convierte en un privilegio y no en un derecho de todos. La “libertad de elección de centro” reclamada por determinados sectores sociales se convierte en “preferencia de selección” cuyo resultado es la segregación escolar.
La obligación social de los poderes públicos es garantizar el derecho a la mejor educación en todos los centros públicos, favoreciendo que todos los municipios y barrios cuenten con centros y plazas públicas suficientes. Esto, además de ser más justo y equitativo, preserva la función social de la educación que solo puede garantizarse con una red pública educativa única, sin derivar recursos públicos a financiar negocios privados. La Educación Pública es la única que garantiza la efectiva igualdad de derechos y la cohesión social, la que asegura el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia.
