El PP y Cs han solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que lleve a cabo una reducción de la carga de impuestos a los sectores de la agricultura y la ganadería, mientras que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido que lo que los agricultores están demandando no es una rebaja impositiva sino un aumento de los precios.
El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, que ha sido el encargado de comenzar el debate, ha propuesto que no se lleve a cabo «la política de la ayuda, sino la del ahorro fiscal», demandando «un ejercicio muy serio de reforma impositiva» ya que, a su juicio, la carga de impuestos ha convertido en «un lujo» el hecho de que «un señor coja su tractor y se vaya a arar».
«No den subvenciones y menos las dejen sin pagar, ayúdennos en una reducción de tipos impositivos porque eso es lo que necesita la agricultura. El agricultor necesita que su explotación sea viable», ha manifestado.
Asimismo, también se ha dirigido a los diputados del PP, asegurando que los diputados ‘populares’ «no tienen autoridad moral para hablar de bajada de impuestos porque han subido todos los que han podido y han generado más».
PP: «LOS PRECIOS ESTÁN MÁS BAJOS PERO LOS GASTOS HAN SUBIDO»
De su lado, el diputado del PP Emilio Bravo ha echado en cara a los diputados socialistas que con ellos en los gobiernos regional y estatal «los precios están más bajos, pero los gastos han subido». «Ha subido el gasóleo, la energía, los fitosanitarios. Con ustedes hay más gastos y menos ingresos y, por supuesto, y lo sabe el sector, muchos menos apoyos», ha apuntado.
Bravo ha reprochado que el presidente regional, Emiliano García-Page, y su Gobierno «hablan mucho y hacen poco, porque no cumplen sus compromisos», pidiendo «respeto a los jóvenes y menos jóvenes que han puesto parte de su futuro» en manos de unas ayudas de la Administración autonómica «que no tenían ni presupuesto».
En este punto, el diputado ‘popular’ ha propuesto para mejorar la situación del sector primario algunas iniciativas como modificar la escala autonómica del IRPF, reducir un 99 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones, compensar al sector por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e implantar la tarifa doble eléctrica » a fin de que se pague la potencia máxima en un momento concreto en que la actividad agrícola esté en plena función».
EL PP INCREMENTÓ «UN CIEN POR CIEN» EL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS
Por su parte, la diputada socialista Joaquina Sáiz ha defendido que el gravamen autonómico del impuesto especial de los hidrocarburos está «en el mínimo compatible con la normativa comunitaria», recordando a Bravo que el anterior Gobierno ‘popular’ en la región «incrementó un cien por cien» ese gravamen «cuando más alto estaba el gasóleo».
«Había tasas para la pesca, para la caza. Se dedicaban a subir los impuestos y ahora vienen aquí dando lecciones para bajar los impuestos cuando el PP en esta región se dedicó a ahogar económicamente a los castellanomanchegos», ha añadido.
Además, Sáiz ha defendido que el Gobierno castellanomanchego es «sensible a la problemática de los agricultores» a pesar de que la mayoría de competencias en materia impositiva «es de ámbito estatal».
LOS AGRICULTORES «NO DEMANDAN» UNA BAJADA DE IMPUESTOS
Por su parte, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que se ha subido a la tribuna de oradores después de los grupos parlamentarios, ha defendido, frente a las peticiones de PP y Cs, que los agricultores, en las protestas que están llevando a cabo por todo el país y también por la región, «no están demandando una bajada de impuestos» sino un aumento de los precios.
Martínez Arroyo ha señalado que el tema impositivo «es competencia básicamente del Estado», con la cesión de algunos impuestos y una «cierta capacidad normativa» en algunos de ellos, apuntando que el «quid de la cuestión» es «trabajar en lo que hay para que paguen menos impuestos». «Y en eso está el Gobierno regional», ha añadido.
En este sentido, ha destacado que, entre otras acciones del Ejecutivo autonómico, cada año se realiza la solicitud de reducción de los módulos para agricultores y ganaderos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pidiendo el pasado año la exención de muchos municipios por los daños a consecuencia de las lluvias torrenciales de los meses de agosto y septiembre. «Esta solicitud se ha hecho bien argumentada desde el punto de vista técnico y supuso una reducción el 80 por ciento de la base imponible en municipios como Cebolla», ha puesto como ejemplo.
Con respecto a la petición de Alejandro Ruiz de favorecer la bajada de impuestos en lugar de facilitar ayudas, Martínez Arroyo ha defendido que estas son «necesarias».
Mientras, dirigiéndose al PP, el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha replicado a Emilio Bravo que durante su época como consejero del ramo «no ha salido ni una convocatoria en la que no figurara una disposición adicional en la que se pudiera incrementar la dotación en caso de necesidad». «Aquí los únicos que sacaron una orden de ayuda sin dinero fueron ustedes, que sacaron una convocatoria en marzo de 2015 con una quinta parte del dinero necesario y se les olvidó incluir la disposición adicional».
También en materia de ayudas, el consejero ha defendido el «esfuerzo grande» que ha hecho el Ejecutivo castellanomanchego en la mejora de las líneas de ayuda para seguros agrarios, con un «incremento del 46 por ciento» desde 2015, aunque ha reconocido que «hay que poner más fondos» y ha advertido que intentará llevarlo a cabo.
RESOLUCIONES
Tras el cierre del debate por parte del consejero, se han presentado las resoluciones de los partidos a este debate general, aprobándose únicamente la del PSOE y siendo rechazadas las de PP y Cs.
La resolución del PSOE solicita al Gobierno regional que pida al Gobierno de España la puesta en marcha del paquete de medidas urgentes que aprobó en Real Decreto, con medidas como ayudas para la primera instalación de jóvenes, la bonificación de la cuota empresarial para la transformación de contratos eventuales en indefinidos y el mantenimiento del sistema de tributación por módulos.
Mientras, la de Cs pide instar al Gobierno regional a que haga lo propio al Gobierno nacional para rebajar al IVA al 4 por ciento los productos dentro de la cadena de valor agroalimentaria, a bonificar impuestos a la electricidad en instalaciones agrícolas y ganaderas, a reducir los módulos agrícolas para la declaración del IRPF, reducir el sistema de cotización especial, bonificar el impuesto de transmisiones patrimoniales para tierras y elementos generadores de riqueza y empleo o reducir el 99 por ciento el impuesto de sucesiones en el campo, de cara a favorecer el relevo generacional.
De su lado, el texto del PP insta al Gobierno autonómico y al nacional a modificar la escala del IRFP equiparándose al de la Comunidad de Madrid, una bonificación del 30 por ciento al tramo autonómico de la Renta, llegar a la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, beneficiar al sector primario mediante bonificaciones fiscales, organizar el sistema de seguros agrarios, paliar el impacto de la subida del SMI e implantar la doble tarifa eléctrica.
