Las Cortes de Castilla-La Mancha han realizado un pleno monográfico dedicado a las personas con discapacidad de nuestra región y para ello han contado con la colaboración del CERMI (Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad).
Decir muchas veces que se quiere gobernar para las personas que más lo necesitan no es garantía de que se haga de forma efectiva.
En este Pleno, doce personas con diferentes discapacidades han presentado cada una de ellas a otro compañero o compañera con la que hemos podido conocer un poco más de las realidades a las que se enfrentan: personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, daño cerebral, daños producidos por efectos degenerativos de ciertas enfermedades o daños por accidentes, trastornos de espectro autista, etc.
Esta diversidad ha tenido, sin embargo, un nexo común: todas pedían a las Administraciones competentes que asuman la responsabilidad que les corresponde. No quieren condescendencia ni caridad, quieren competencia ejecutiva para que su discapacidad no sea ninguna traba y se convierta en una oportunidad para ellos y ellas y para el resto de la sociedad.
Nos han presentado doce formas diversas de discapacidad pidiendo soluciones concretas. Sin embargo la Administración nos ha hablado a los que allí estábamos de un Plan de Accesibilidad, el cual esperamos que haya sido presentado y trabajado con las organizaciones de este sector y que pronto nos lo presenten al resto de la sociedad para que no se convierta en un anuncio que sale de la misma chistera que otros.
Estas personas solo piden ser escuchadas para que las demandas de accesibilidad a los edificios públicos, las posibilidades de empleo o las barreras que tienen en materia educativa se resuelvan.
Han reclamado una asignatura de Lenguaje de Signos, nos han dicho que quieren poder utilizar las diferentes web institucionales de forma adaptada y accesible a sus características (esto no debería ser una solicitud sino una obligación de las Administraciones que en el 2019 siguen sin cumplir), nos han dicho que quieren contenidos que puedan comprender y que puedan ser vistos y oídos por el que ni ve ni oye. Piden al Gobierno Regional y a las Administraciones ser personas con los mismos derechos y oportunidades.
La respuesta paternalista de la Administración regional no sirve. Es verdad que se necesita tener empatía, es verdad que es necesario escucharles, pero también es cierto que se necesitan más políticas reales de empleo y accesibilidad. Se necesita la misma contundencia con la que se aplican las leyes de estabilidad presupuestaria, las cuales dejan sin inversión para poder acabar con las necesidades de las personas con discapacidad.
Como sociedad, demandamos mucho más de una Administración regional con más de diez mil millones de presupuesto que, en palabras del propio presidente, va a trabajar para los que más lo necesitan. Esperamos mucho más que comprensión y condescendencia.
Sin presupuesto real, sin políticas reales y distintas que cambien los peores años de la política regional del Partido Popular en materia de dependencia y discapacidad, todo quedará en un catálogo de propuestas que probablemente serán olvidadas con el siguiente catálogo de propuestas de otra materia que hagan desde el gobierno.
Es por esto que desde Izquierda Unida, además de pedir respeto y que se lleven a cabo todas las medidas para garantizar una accesibilidad universal, nos sumamos a las reivindicaciones realizadas por el CERMI y nos comprometemos a dar voz y seguir luchando y reclamándole al gobierno que no trabaje sólo en campaña y cumpla sus promesas.
Por ello y como muestra de compromiso ante toda la ciudadanía castellano-manchega sin distinción, hemos presentado una batería de enmiendas a los presupuestos de Castilla-La Mancha entre las que incluimos algunas destinadas a la plena inclusión, como es el caso de la puesta en marcha de viviendas tuteladas, instalación de ascensores en espacios públicos o puertas automáticas, así como reducir el número de personas en lista de espera para atención sanitaria teniendo en cuenta que las personas con discapacidad se suelen encontrar especialmente afectadas por este tipo de ineficaz gestión de la sanidad que pagamos entre todos y todas.
