Ignacio Cobo, el magistrado que preside el juicio iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra el exalcalde de Puertollano (Ciudad Real) Joaquín Hermoso Murillo, el secretario municipal y un arquitecto técnico municipal por prevaricación administrativa en las obras de la plaza de toros, ha suspendido el plenario ante la «sorpresiva» presentación de diversas cuestiones previas, principalmente por parte de las defensas.
Visiblemente molesto y reprochando a las partes su actitud en el procedimiento, el magistrado, tras la deliberación de la sala, ha anunciado la suspensión del plenario hasta al resolución por escrito de las cuestiones previas plateadas.
En este sentido, y tras subrayar que la alteración del procedimiento «no es atribuible» a este órgano jurisdiccional, prevé que el nuevo señalamiento podría producirse en un plazo que rondaría los cinco o seis meses.
El juez ha pedido a los abogados que en un futuro intenten «adecuar» su conducta procesal tras constatar la «sorpresiva presentación» de cuestiones en el acto cuando no constaban previamente en ningún escrito de defensa.
Entre las cuestiones previas solicitadas por las defensas se encuentran la transcripción de las declaraciones en sede judicial de primera instancia o la exclusión en el procedimiento de la acusación popular que ejercen los grupos municipales de IU y PP, alegando cuestión de forma y por considerar que no se hizo en los plazos establecidos.
A lo largo de la vista, y ante las dificultades planteadas, el presidente ha recriminado a los abogados sus argumentaciones «improcedentes», y ha lamentado sus «planteamientos» para «dilatar» los procesos.
La suspensión del juicio se ha producido en la primera de las tres sesiones previstas, que ha comenzado a las 10.00 horas de este martes y se ha suspendido para la deliberación de la sala al filo del mediodía.
En el plenario, Joaquín Hermoso y el aparejador municipal Eugenio Ángel Manso se han sentado en el banquillo, mientras que el tercer acusado, el secretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo se ha situado en la parte reservada a los abogados, tras asumir su propia defensa.
FISCALÍA PIDE 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN
La Fiscalía Provincial de Ciudad Real pide una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los tres acusados por presunto delito de prevaricación administrativa en el caso del fraccionamiento en 69 partes de las obras de la plaza de toros de la ciudad minera. Por su parte, las defensas piden la absolución.
Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía, los acusados, conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación, sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de la contratación, y con la finalidad de tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa, «actuando en total connivencia» procedieron a informar y resolver a favor de la fragmentación de la contratación de las obras de la segunda fase del Coso Polivalente de Puertollano.
La ejecución de obra ascendió a 2.598.451,54 euros, cuyo gasto se fraccionó en 69 expedientes, en partidas correspondientes a cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados de obra, adjudicados a diferentes empresas.
Asimismo, estima que no está debidamente acreditado el delito de tráfico de influencias respecto a Eugenio Ángel Manso, ni el delito de falsedad documental imputado a los tres acusados, por la aportación de documentación al juzgado relativa a los honorarios por la redacción de los proyectos y la dirección de obra.
Consecuentemente, apunta, no concurren elementos para imputar el delito de estafa procesal en grado de tentativa ni en concepto de autor ni en concepto de cooperador necesario.
ACUSACIÓN POPULAR
No lo ve igual la acusación popular a cargo de los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular, que solicitan para cada uno de los tres acusados, por prevaricación administrativa, la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación.
Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el delito continuado de tráfico de influencias.
Por otra parte, por falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan-Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales.
Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales por tráfico de influencias.
