El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado el ingreso en prisión incondicional sin fianza del cofundador de iDental Vicente Castañer y al socio de la empresa de capital riesgo Weston Hill José María Garrido, en relación al fraude estimado en 60 millones de euros de estas clínicas ‘low cost’ que han damnificado a miles de personas en España, parte de ellas en Albacete. Una tercera persona implicada, José María Llorente, puede eludir la prisión bajo fianza de 20.000 euros.
De la Mata tomó ayer declaración a los 14 detenidos el martes en relación con esta nueva arista del caso iDental, que va más allá de la asistencia médica fraudulenta que prestaron y se fija en su financiación y en el fondo Weston Hill, que invirtió en esta compañía. En total, se investigan en esta causa delitos de organización criminal, apropiación indebida, estafa continuada, administración fraudulenta, lesiones, falsedad documental, blanqueo y alzamiento de bienes.
Además de dictar prisión incondicional para Castañer y Garrido y eludible para Llorente, el juez ha librado Orden Europea de Detención y Entrega para una tercera persona, el también fundador de iDental José Antonio García Pellicer, que se encuentra en Reino Unido, detenido en espera de que se tramite su entrega a España y que prestó declaración por videconferencia.
De este modo, los dos principales fundadores de iDental irían a prisión incondicional, donde ya se encuentra el también socio de Weston Hill Luis Sans, y otros tres directivos de la red de clínicas dentales desde que fueron detenidos en el marco de esta causa el pasado mes de octubre.
En cuanto a las otras 13 personas investigadas, fueron puestas en libertad con medidas cautelares que van desde comparecencias semanales hasta mensuales en sede judicial, retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional. Entre ellos se encuentra el exdirector de departamento de Riesgos de Bankia en la zona norte, Jorge Puga, que fue demandado por la entidad en 2017 por los créditos sin control que habría concedido a este grupo empresarial.
CRÉDITOS SIN CONTROL QUE NO ACABABAN EN LAS CLÍNICAS
De acuerdo a la querella, Puga sorteaba los procedimientos internos de Bankia concediendo créditos a supuestas empresas independientes que en realidad, formaban parte del mismo grupo. La concesión, en este caso, habría ascendido a 46 millones de euros. El caso se encuentra en un juzgado de Madrid, donde se le investiga por estafa, pero es previsible que acabe inhibiéndose en favor de la Audiencia Nacional, pues tiene relación directa con la macrocausa.
El magistrado investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Se trata de un fondo de capital riesgo que en teoría, tiene la misión de invertir en empresas y recapitalizarlas, pero en este caso, el juez tiene en el punto de mira salida de fondos sin justificación que se habrían producido pese a que los administradores eran «conscientes de la situación de impago» en la que estaba la compañía y que se agrava «ante disposiciones de capital».
