La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles a dos acusados -D.V.B y S.O.O- por un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales, por cultivar marihuana en dos domicilios, uno en Toledo y otro en Madrid, en los que se encontraron un total de 800 plantas repartidas en ambos.
La droga así cultivada y elaborada era distribuida personalmente por el acusado D.V.B obteniendo beneficios de tal actividad, mientras que la otra acusada S.O.O contribuía accediendo a poner a su nombre la vivienda de Santa Cruz de Retamar, así como las facturas de las dos, que ascendieron a 2.116 euros y 724 euros, respectivamente. Los acusados no utilizaban ninguna de las dos como residencia habitual ni esporádica.
Según relata el Ministerio Fiscal, el 13 de mayo de 2013 se procedió a la entrada y registro en la vivienda de Santa Cruz de Retamar, donde se encontraron, entre otros objetos, 204 plantas de marihuana, varias libretas bancarias y diversas facturas, todas ellas a nombre de la acusada, además de un rifle y una pistola revólver.
En el mismo día se procedió a la entrada y registro en la vivienda de Arroyomolinos, arrendada a nombre de la acusada, donde se encontraron, entre otros objetos, 596 plantas de marihuana, diverso material para el cultivo y droga en bolsas.
Ese mismo día, al ser detenida la acusada en la localidad de Madrid donde tenía su auténtico domicilio, la misma entregó a la Policía voluntariamente dos bolsas de deportes que contenían diferentes bolsas que totalizaban unos 9,5 kilogramos de marihuana, así como una balanza de precisión.
La cantidad total de droga decomisada en poder de los dos acusados asciende a 29.519,48 gramos de cannabis sativa, que tendrían un precio en el mercado ilícito de 156.748,44 euros si se venden por gramos, o de 32.264,79 euros si se venden por kilogramos.
COMPRARON BIENES
Para intentar borrar las huellas del ilícito origen del dinero ganado indebidamente por los acusados, éstos decidieron destinarlos, aparte de al pago de las cuantiosas facturas de agua y electricidad, a la compra de diversos bienes, poniéndolos a nombre de la acusada.
Concretamente, la acusada adquirió el inmueble de Santa Cruz de Retamar, valorado en 182.722 euros, así como un vehículo valorado en 10.763 euros, y otro valorado en 6.664 euros.
Además la acusada tenía a su nombre una cuenta bancaria del Banco Santander al 100% de titularidad, otra cuenta de la entidad Bankia al 100% y una tercera en Caixabank al 50%. En total, los ingresos y gastos conjuntos de los dos acusados en el periodo 2003-2012 ascendieron a 222.696 euros de ingresos y 477,7 euros de gastos, correspondiendo el incremento no justificado de la acusada un total de 283.569 euros.
Durante ese periodo, la acusada, como empleada del hogar, no tenía más ingresos que los derivados de su actividad laboral, percibiendo 928 euros al mes, cantidad insuficiente a todas luces para adquirir el patrimonio referido.
Además, en la vivienda de Santa Cruz de Retamar utilizada por el acusado se encontraron dos armas careciendo él de licencia para su tenencia.
PENAS Y MULTAS
Por ello, el Ministerio Fiscal pide para ambos 7 años y medio por un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales -3 años y medio por el primer delito y cuatro por el segundo para cada uno- y para el acusado, un año y medio por un delito de tenencia de arma prohibida.
Asimismo, se solicita una multa de 64.529 euros -el duplo del valor de la droga- para el acusado y 400.298 para la acusada -el duplo del valor de los bienes-.
