Esta mañana, los 23 miembros de la Junta de Personal de Funcionarios de la JCCM en Albacete se han reunido para reclamar una injusta realidad: a día de hoy, los servicios públicos de la provincia cuentan con muchas plazas vacantes que no han sido cubiertas, lo que dificulta la calidad del servicio.
Mientras la Junta saca pecho de sus ofertas públicas de empleo, la realidad en las administraciones es otra, ya que a día de hoy, según informan desde la Junta de Personal, solo en la provincia de Albacete hay aproximadamente 100 plazas públicas sin cubrir.
Según ha explicado Carmen Juste, presidenta de la Junta de Personal en Albacete, esta problemática se remonta al año 2012, una falta de personal que dificulta “la eficiencia de los servicios, que hacen que en muchos casos el trabajo se saque gracias a la profesionalidad de los distintos funcionarios y funcionarios que prestan sus servicios en las distintas áreas de trabajo”.
¿QUÉ PLAZAS NO SE HAN CUBIERTO?
En concreto, reclaman la falta de cobertura de un médico, de un psicólogo y de dos administrativos en el Centro Base, un centro que se ocupa de reconocer la discapacidad de los ciudadanos en la provincia, “y que lleva con este déficit durante mucho tiempo”, ha aseverado Juste, quien ha añadido que esta es la razón por la que el reconocimiento de las discapacidades lleve un retraso de al menos 11 meses.
A estas plazas habría que sumar la falta de un auxiliar administrativo en el Servicio de Dependencia y tres administrativos que se encuentran vacantes en la Dirección Provincial de Bienestar Social, cuyos puestos son cubiertos en muchas ocasiones por la movilidad de otros funcionarios.
Por si el recuento hasta ahora no fuera suficiente, también reclaman la figura de un arquitecto técnico en el Servicio de Accesibilidad y denuncian la situación de la Escuela de Adultos y el Conservatorio Superior, que, según ha expresado Juste, “son plazas que no están dotadas y que están cubiertas a través de una atribución temporal de funciones, que es una figura jurídica que contempla la legislación, pero que sería necesario que se realizarán de forma definitiva”.
Contar todas las plazas que quedan sin cubrir dejaría una noticia demasiado larga, ya que habría que contar mucho hasta llegar a las 100 plazas cifradas por la Junta de Personal. Además, aseguran que esta situación se ha denunciado incluso desde las propias direcciones provinciales, con diferentes informes presentados a Hacienda y a Función Pública, quienes no han querido cubrirlas porque, en palabras de Juste, “consideran que no es necesario esta cobertura”.
PLAZAS SIN CUBRIR QUE AUMENTAN LAS LISTAS DE ESPERA
“En el centro base tenemos un año de lista de espera porque solo tenemos dos equipos de valoración”, reclama Carmen Ramírez, secretaria de la Junta de Personal, quien asegura que antes contaban con un equipo de profesionales provisional que les ayudaba con sus labores, “pero desde que este apoyo se nos quitó, en cuestión de un año y medio se ha subido la lista de espera a 11 meses”.
Ramírez asegura que no dan abasto con tanto trabajo, ya que cada año reciben unas 5.000 solicitudes de reconocimiento de discapacidad. Esto es algo que afecta especialmente a las personas que tienen más de 75% de discapacidad, quienes “pueden estar un año esperando a que se lo reconozcan y luego otro año a que los vean desde la dependencia, y muchos usuarios pueden fallecer”.
Por su parte, uno de los delegados de la Junta de Personal, Ángel Asensio, ha exigido a la Junta que no se externalice este tipo de servicios, como ya se ha hecho en el caso de vivienda, “donde se acudió a empresas externas para que ellos realizaran esas funciones que deben hacerse por funcionarios públicos”.
