El Tribunal de Cuentas investiga a la Diputación de Albacete por haber adquirido un inmueble por un precio superior al de la tasación que hizo su propio arquitecto, un asunto denunciado por fiscalía que se encuentra en fase de actuaciones previas.
El presidente de este tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ha comparecido este martes en el Congreso para explicar el informe de fiscalización sobre la gestión del patrimonio inmobiliario de las 38 diputaciones provinciales, siete cabildos canarios y tres consejos insulares baleares entre los años 2014 y 2015.
La conclusión de este trabajo es que existe un descontrol sobre los edificios y terrenos que compran, venden, alquilan o mantienen vacíos estas instituciones, sin que en muchas ocasiones tenga reflejo contable ni esté suficientemente justificado.
Entre otros asuntos, el órgano fiscalizador ha analizado diez contratos de compra de edificios y terrenos como muestra para observar si se da cumplimiento a la normativa reguladora. De su análisis se extrae una lectura negativa: en el 70 por ciento de los contratos no se negoció el precio, dando por bueno el del informe de tasación; en el 80 por ciento tampoco se pidió un informe que acreditara la necesidad de la compra del inmueble por parte de la entidad pública.
Pese a esta situación, Álvarez de Miranda ha explicado que el Tribunal de Cuentas no ha impuesto ninguna sanción a estas entidades, porque no tiene capacidad para hacerlo en el caso de las administraciones públicas.
Sin embargo, sí ha habido denuncias de fiscalía en el caso de una institución, cuyo nombre no ha desvelado ante el Congreso porque el asunto se encuentra en fase de actuaciones previas en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal. Fuentes del órgano fiscalizador han informado de que se trata de la Diputación de Albacete.
Según ha explicado Álvarez de Miranda, la institución provincial abonó por un inmueble un precio «que ha superado la tasación que el propio arquitecto de la institución había realizado».
OTROS USOS
Otro de los datos conocidos con este informe señala que el 57 por ciento de los inmuebles del parque público de diputaciones, cabildos y consejos está destinado al cumplimiento del funcionamiento y trabajo de la institución, mientras que el otro casi 40 por ciento tiene otros usos.
Un 24 por ciento son utilizados por otra entidad pública, sin recibir prestación por ello, mientras que otro 7 por ciento sí que produce una contraprestación a las diputaciones. Un 10 por ciento de los inmuebles se encontraban sin uso durante el periodo fiscalizado.
En el plano de la gestión patrimonial, el Tribunal de Cuentas apunta que de las 48 entidades analizadas, 28 adolecen de manuales de gestión patrimonial, «lo que refleja un mayor riesgo de control y registro de los elementos de su patrimonio», advierte.
Sobre este asunto de los usos de los inmuebles, Álvarez de Miranda ha explicado que cuando las entidades locales no los utilizan para sí mismas no siempre es un problema de mala gestión. «A veces el coste de puesta en uso puede ser desproporcionado y más caro que adoptar otras medidas, llevan mucho tiempo sin utilizarse y requieren obras de instalación y de acondicionamiento grandes», ha señalado.
Y con respecto a que estas entidades no tengan en su mayoría manuales y mecanismos de control, el presidente del Tribunal ha defendido a las 20 que sí los tienen y ha puesto en valor su ejemplo para el resto.
