La futura Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con Discapacidad, está a un paso de ser una realidad. El consejo de Gobierno ya ha dado su visto bueno y solo falta que pase el trámite en las Cortes de Castilla-La Mancha; pero antes de que eso ocurra, la Junta ha querido presentársela a los jueces de la región, porque serán una parte fundamental en su desarrollo, sobre todo, en lo referente a esa especie de testamento que redactarán las personas discapacitadas junto a sus padres o tutores, para garantizar su futuro cuando estos falten.
Por ello, esta mañana la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha reunido en Albacete con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, con el objetivo de lograr “la mejor coordinación” posible entre ambos organismos.
“La coordinación con el poder judicial es fundamental”, ha asegurado Sánchez, porque esta ley da una respuesta “distinta” a la tutela judicial. Otro punto de vista que permitirá agotar “al máximo” todas las posibilidades de esa persona discapacitada, de forma que puedan comunicarse con el juez de manera directa.
“A veces los jueces nos dicen que cuando tienen que iniciar una tutela ni siquiera pueden tener una entrevista con la persona discapacitada sino solo con los futuros tutores, y esta ley permite que esa persona, con el apoyo de un mediador, pueda decidir en la medida de sus capacidades, sobre su futuro”, ha explicado Aurelia Sánchez.
De este modo, la nueva ley será una alternativa a la tutela judicial actual y es “fundamental que los jueces puedan conocerla”, sobre todo en el ámbito civil.
En Castilla-La Mancha hay 1200 personas tuteladas, y cada año hay unas 250 más; lo que se pretende con esta ley es dar “otra posibilidad” a las familias, al dejar por escrito cómo será el futuro de las personas que quieren cuando ya no estén.
Será un documento similar al testamento de últimas voluntades que hay en Sanidad y que recogerá todas las consideraciones que los implicados quieran.
En nuestra región hay en estos momentos 140.000 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cierto, pero solo el 25 de ellas –lo que supone unas 36.000– tienen reconocida una incapacidad para tomar decisiones, esa será “la población diana” de esta esta nueva Ley.
Los jueces serán parte importante en la nueva Ley para personas con discapacidad
Con la nueva ley los jueces podrán entrevistarse de forma directa con los afectados, y no solo con sus futuros tutores
