La directora-gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, ha asegurado este martes que la sanidad regional cuenta con un total de 72 profesionales sin homologación, de los que 38 son de Atención Primaria, 23 de Atención Especializada y 11 del Servicio de Urgencias, y ha incidido en que es el Ministerio de Sanidad el que debe atender esa homologación, consciente de que «tiene voluntad de hacerlo pero tiene escasez de funcionarios».
Así lo ha asegurado Leal, a preguntas de los medios, durante una rueda de prensa en la que ha querido «tranquilizar a los ciudadanos» tras las informaciones sobre la contratación de sanitarios sin título homologado e «intentar recuperar la relación de confianza que los ciudadanos tienen y han tenido siempre en el Sistema de Salud y en los profesionales».
Leal ha criticado que las personas que hoy «acusan con el dedo» no miraron los datos que había anteriormente porque esto «ya se hizo», ha comentado, asegurando que muchos de estos profesionales «aún siguen» y «continuarán mientras la ley avale para poderlos contratar». En este sentido, ha dicho que el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Juan José Jiménez, en su etapa como director gerente del Hospital General Universitario de Ciudad Real «realizó contrataciones en Atención Primaria y Especializada».
La directora gerente del Sescam ha aseverado que también hubo algún escrito de profesionales de un hospital de la región en noviembre de 2012 en contra de los profesionales no homologados, que «no tuvo repercusión porque la persona que lo hizo tuvo la responsabilidad y el suficiente buen hacer para no hacer de eso un descrédito para todo el hospital».
A su juicio, esta campaña «sólo puede servir a intereses que desde hace tiempo se vienen observando en algunos grupos políticos que hacen estas declaraciones», convencida de que «a la sanidad pública se le ataca con una estrategia que comienza con el descrédito y ataque a los profesionales», que continúa con «el desmantelamiento» y que termina «derivando a los pacientes a la sanidad privada», una estrategia que «empezó hace tiempo y parece que sigue ahora».
Leal ha dicho que la medicina es una «profesión vocacional» que «exige de una alta calificación técnica», pero también de una «relación de confianza, de una empatía con el paciente» y por lo tanto «no puede verse puesta en tela de juicio en España a día de hoy para servir a intereses que no son en ningún caso la mejora de la atención sanitaria».
COTRATACIÓN LEGAL
En este sentido, Regina Leal ha manifestado que desde que en España en 1976 se implantara como sistema el de Médico Interno Residente (MIR) «hemos evolucionado y alcanzado un nivel de calidad que podemos considerar como excelente desde el punto de vista científico-técnico», pero ese sistema «al ser tan limitado en cuanto al número de profesionales que se forman y tan extenso en el número de años que necesita, es un sistema poco flexible». Por eso, en determinadas épocas, las comunidades autónomas han necesitado contratar a profesionales que no han sido formados por el MIR, pero «que sí son especialistas».
Dicho esto, ha incidido en que «no hay ilegalidad en las contrataciones, que se hacen en base a una instrucción del año 2018 según la cual son contrataciones que se hacen para médicos generales adscritos a los servicios hospitalarios como médicos generales y con un contrato laboral que indica claramente que en el momento en que se disponga de un médico con título homologado, este contrato se cesará y se contratará al homologado que esté en la bolsa de trabajo», ha informado.
Para la gerente del Sescam esto es «lo legal», ya que lo ilegal sería «que las contrataciones dependieran de un informe del jefe de servicio, que no debe ni puede influir en una contratación subjetiva de ningún profesional que acceda a la sanidad pública». Por tanto ha querido «garantizar que la contratación es legal» e insistir en que la confianza que se debe depositar en estos profesionales «debe ser absoluta», ya que el Sescam tiene un procedimiento «adecuado» para que en el momento en que se detecte una mala praxis de un profesional, «poder actuar en consecuencia con la apertura de expediente informativo y valoración objetiva».
«DEPENDE DE UNA NACIONALIDAD»
Regina Leal ha dicho que la homologación es un criterio que depende de «una nacionalidad», ya que la homologación de un título de Polonia «es prácticamente automática porque es comunitario», ya que con que acredite los años que lleva en España la tiene, sin ser MIR, pero sin embargo un cardiólogo de Méjico «no obtendría la homologación automática». «El criterio depende de un papel», ha aseverado, al tiempo que ha añadido que «siempre comprobamos que su formación es la suficiente para que se haga con todas las garantías» y, si esto no fuera así, «se recicla, no se le echa a la calle como algunos pretenden».
La responsable del Sescam ha lamentado que a la gente se la está confundiendo, ya que «algún usuario al ver que el acento del profesional no es castellano, de la tierra, lo evita y deja de ir a la consulta», y eso le parece a Leal «triste», ya que ese usuario «se queda sin atención médica». Por tanto, ha querido dejar claro que este tema «no beneficia a nadie, ni al Sescam, ni a los profesionales, ni a los ciudadanos».
«Estamos obligados por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Supremo y por el código deontológico del Colegio de Médicos a prestar la atención sanitaria con todos los medios a nuestro alcance», ha dicho Leal. «Estos son a día de hoy la contratación de, en primer lugar, profesionales que estén homologados que estén en la bolsa de trabajo; en segundo lugar, los homologados que no estén en la bolsa de trabajo y en tercer lugar, los no homologados con la especialidad en su país», ha subrayado.
ATAQUES PERSONALES
Finalmente, la directora del Sescam ha criticado «la campaña de descrédito que está sufriendo» una profesional en concreto, que es especialista en su país de origen y que está «soportando estoicamente este ataque», sirviendo a los ciudadanos de una «manera ejemplar y dando una asistencia en consulta que su vocación, profesión, integridad y responsabilidad le dictan que tiene que dar».
También ha asegurado que un profesional ginecólogo de nacionalidad venezolana del hospital de Puertollano ha renunciado a su contrato y ha transmitido al gerente su negativa a continuar en el servicio ya que, en palabras de Leal, este profesional ha dicho que «un día salió de Venezuela pensando que podría ser un poquito más feliz y que así no podía seguir».
