DespuĂ©s de mĂĄs de 10 años de litigio, una veintena de ayuntamientos de la provincia de Albacete pueden por fin respirar tranquilos. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia emitida en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que les exime de tener que hacer frente a pagos millonarios que les reclamaba la ConfederaciĂłn HidrogrĂĄfica del JĂșcar por unas obras de canalizaciĂłn en tiempos de sequĂa que aprobĂł el Estado y que ellos âni pidieron ni conveniaronâ.
De esta forma explicaba el alcalde de Peñas de San Pedro, Antonio Serrano, la satisfacción que han sentido al recibir hace unos meses esta sentencia definitiva, que de manera paulatina estå llegando a cada una de las poblaciones afectadas.
DAVID CONTRA GOLIAT
âDavid ha ganado a Goliatâ, ha asegurado, porque no tendrĂĄn que pagar  las tarifas que les âquerĂan imponer desde la confederaciĂłnâ. Tarifas, que en el caso de Peñas suponĂa un desembolso anual de 100.000 euros durante 25 años, hasta cubrir 2,7 millones de deuda, o de 136.000 en el caso de Alcadozo, hasta pagar un total de 3,4 millones de euros que es en lo que estimĂł la confederaciĂłn esta macroobra consistente en una tuberĂa de 30 kilĂłmetros para llevar agua desde Albacete a esos pueblos.
Fueron precisamente los alcaldes de estos dos municipios, junto con el de Pozohondo los que acudieron a la DiputaciĂłn de Albacete para pedir amparo legal que les permitiese acudir a los tribunales y revertir esta situaciĂłn âinjustaâ.
âNosotros no tenĂamos problemas de agua, nos abastecĂamos de nuestros pozos subterrĂĄneos y no necesitĂĄbamos una conducciĂłn e 30 kmâ, ha explicado el alcalde de Peñas, que ha asegurado que a los tribunales acudieron cuando ya vieron que por la âvĂa pacĂficaâ, es decir, en los despachos, no se solucionaba nada.
âNo podĂamos hacer frente a esos gastos que no habĂamos pedido y que nos habĂan impuestoâ y âtenĂamos que poner todo de nuestra parte para defender los interesesâ, ha asegurado el alcade de Alcadozo, Ăngel Alfaro.
Tras esta larga pelea, decidieron impugnar todas las liquidaciones ante el TSJ de la Comunidad Valenciana y en 10 de julio de 2014 obtuvieron la primera sentencia favorable para ellos, y aunque la abogacĂa del Estado la recurriĂł ante el Supremo, Ă©ste tambiĂ©n les daba la razĂłn el pasado mes de febrero.
De esta forma, se pone punto y final a una batalla que de no haber tenido este desenlace les habrĂa costado 14 millones de euros a 20 pequeñas poblaciones de Albacete, que habrĂa hipotecado durante dĂ©cadas a sus vecinos.