La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el martes 16 de enero a tres acusados, dos de ellos por un presunto delito de estafa y los tres, además, por otro de apropiación indebida, por los que la Fiscalía les pide una pena de seis, cinco y tres años de prisión, respectivamente.
El principal acusado, al que piden seis años de cárcel, era, según el escrito de acusación de la Fiscalía, apoderado de una entidad financiera y, gracias a ello, ejerció la función de director de la oficina de Tarazona (Albacete) entre 2007 y 2009.
Entre las competencias que tenía atribuidas estaba la concesión de préstamos hipotecarios sin tener que requerir la autorización de sus superiores hasta un importe máximo de 200.000 euros, así como la autorización de préstamos personales que no superaran los 75.000 euros.
MÁS DE DIEZ MILLONES EN PRÉSTAMOS IRREGULARES
Fuera de estos límites, el acusado debía solicitar autorización, pero concedió préstamos superando las cantidades permitidas y sin dar cuenta de ello a su superioridad, obteniendo posteriormente una parte de los mismos para su propio beneficio y el de los otros acusados a modo de comisiones ilegales o bien obteniendo el beneficio de manera directa al conceder créditos a sus familiares y a los otros acusados que, de haber pasado por el control de la entidad, no se habrían concedido. El importe de los préstamos irregulares formalizados por el acusado ascendió a 10.022.650 euros.
En muchas de estas operaciones, el acusado director de la oficina operaba con otro de los acusados, que se beneficiaba de las comisiones obtenidas en concepto de «comisiones» ilegales, variables entre el cinco y el diez por ciento del valor del crédito concedido. En otras ocasiones, estas cantidades se utilizaban para amortizar préstamos personales del acusado principal, concedidos a sus familiares.
El total de las comisiones ilegales cobradas a los clientes con la concesión de estos créditos asciende a 917.402,53 euros.
El tercer acusado trabajaba con los otros dos captando clientes y planeando operaciones crediticias para la entidad, sin que conste que se realizaran urdiendo engaño a la entidad, obteniendo los acusados comisiones indebidas a los clientes, que retiraban de sus cuentas directamente o a través de transferencias realizadas desde las cuentas de los clientes a sus propias cuentas.
Las operaciones en las que los acusados desviaron cantidades a su propio patrimonio cobrando comisiones ilegales a los clientes en créditos legítimamente concedidos fueron por un total 387.586,32 euros.
