Pese a los avances legislativos, las mujeres que trabajan o emprenden en el campo español siguen cobrando menos que los hombres, recibiendo menos ayudas públicas y enfrentándose a barreras estructurales que perpetúan la desigualdad.
En España hablamos mucho de igualdad, pero cuando ponemos el foco en el ámbito rural, el panorama se oscurece. Los datos son claros: la brecha salarial no solo existe en el campo, sino que además es más profunda y persistente.
Según el último informe de salarios agrarios publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las mujeres cobran un 3,2 % menos que los hombres en contratos a jornada completa. La diferencia crece hasta un 7,6 % menos cuando los contratos son temporales. Un sindicato aporta otra cifra reveladora: el salario medio mensual en el sector agrario es de 1.591 euros, pero mientras los hombres llegan a 1.625 euros, las mujeres se quedan en 1.454, casi un 12 % menos.
Esta desigualdad también se refleja en los apoyos públicos. En las ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común), las explotaciones encabezadas por mujeres perciben de media 4.434 euros anuales, frente a los 7.156 euros anuales de las masculinas: casi un 40 % menos. Y aunque ellas representen el 38 % de las personas beneficiarias de estas ayudas de la PAC, solo reciben el 28 % del importe total. Una diferencia que no responde a su esfuerzo o talento, sino a que sus explotaciones son más pequeñas, menos mecanizadas y con menor acceso al crédito.
No son anécdotas ni excepciones: es la realidad de las mujeres rurales. Trabajan más en la temporalidad, en jornadas parciales y, a menudo, sin visibilidad ni reconocimiento formal. Muchas no figuran como titulares de la explotación agraria y, por tanto, quedan fuera de prestaciones, derechos sociales o pensiones.
La consecuencia es doblemente injusta. Por un lado, condena a muchas mujeres a la precariedad. Por otro, erosiona el futuro del propio medio rural: cuando ellas no encuentran oportunidades dignas, los pueblos pierden vida, fuerza y población.
Hoy, 18 de septiembre, Día Internacional de la Igualdad Salarial, debemos recordar y reflexionar sobre esta realidad, pero también proponer soluciones. Algunas de ellas pasan por incentivar la titularidad compartida de explotaciones agrarias, por ajustar los criterios de la PAC para premiar proyectos liderados por mujeres, por exigir mayor transparencia salarial y/o reforzar los servicios de conciliación en el ámbito rural.
No se trata de conceder privilegios a las mujeres rurales, sino de justicia y sentido común. La igualdad salarial es un derecho, también en el ámbito rural. Y los datos oficiales nos recuerdan que aún estamos muy lejos de garantizarlo.
