La reciente Cumbre de La Haya, celebrada del 24 al 26 de junio, ha sellado el compromiso de los países de la OTAN para elevar su gasto militar al 5% del PIB. Una decisión belicista que Pedro Sánchez ha firmado, pese a sus declaraciones previas sobre un supuesto acuerdo con el secretario general de la Alianza Atlántica que le eximiría de cumplir ese objetivo. De llevarse a cabo, España destinaría unos 80.000 millones de euros al año al rearme, en su mayoría para adquirir armamento estadounidense.
Un sondeo de El País revela que el 42,1% de la población se opone a esta política. Frente a esta mayoría, solo un 30,5% critica que el presidente no se comprometa plenamente con el objetivo del 5%. Esta oposición es transversal: incluye a votantes de Podemos (73,5%), Sumar (61,8%) y PSOE (66,8%), pero también a sectores del PP (31,1%) y Vox (40,1%). Esta amplia diversidad demuestra que el rechazo al militarismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda organizada, sino que cala en amplias capas del pueblo trabajador y de las clases populares.
Sin embargo, existe una gran distancia entre esta mayoría crítica con el rearme y su presencia en las calles. Las movilizaciones apenas logran reunir a unos pocos miles de personas, cuando potencialmente podrían ser cientos de miles si esa mayoría se activara políticamente. La tarea urgente es transformar esa opinión pasiva en una fuerza social organizada y movilizada, capaz de frenar la escalada armamentista y poner en el centro una política de paz.
Para ello, no basta con buenas intenciones ni con comunicados genéricos. Es necesario construir una hoja de ruta común entre todas las plataformas y movimientos que luchan por la paz, con un programa político que conecte con las preocupaciones reales del pueblo: empleo, vivienda, sanidad, educación, pensiones, condiciones laborales y dignidad para todas y todos. La lucha contra el rearme es inseparable de todas estas reivindicaciones. Forma parte de la lucha de clases.
La guerra y la miseria social tienen un mismo origen: una oligarquía al servicio del imperialismo que saquea los recursos públicos, explota a la clase trabajadora y pretende arrastrarnos a una guerra generalizada. Esta guerra no es por la seguridad de los pueblos, sino por los intereses del complejo militar-industrial, especialmente estadounidense, y de una OTAN que se comporta como brazo armado del capital financiero internacional.
Por eso, es vital que quienes luchan por la paz se unan a quienes pelean contra los desahucios, los recortes, la precariedad y la exclusión social. Solo en la práctica compartida se puede comprender que formamos parte de una misma causa: defender la vida y los derechos del pueblo frente a la barbarie capitalista. Las movilizaciones por la paz deben articularse con todas las luchas sociales. Separarlas es un error que debilita a ambas.
Pero además de articular estas luchas, hace falta un programa político sólido, con objetivos claros y concretos, que permita pasar de la crítica a la acción transformadora. A modo de propuesta, es urgente impulsar los siguientes puntos:
1. Declaración solemne de renuncia a la guerra, recogiendo el espíritu del artículo 6 de la Constitución de la II República. Esta propuesta debería ser planteada en todas las instituciones, desde ayuntamientos hasta el Congreso, y también en organizaciones sociales y centros de trabajo. Más allá de su aprobación, permitiría abrir un debate público y señalar con claridad quién está con la paz y quién con la guerra.
2. Salida de la estructura militar de la OTAN y rechazo rotundo a la instalación de armas nucleares en territorio español, cumpliendo así con el referéndum de 1986. Este paso es esencial para recuperar la soberanía nacional y poder destinar los recursos públicos a fines sociales, en lugar de sufragar guerras ajenas.
3. Sustituir la política exterior sumisa por una posición de neutralidad activa, que promueva altos el fuego y negociaciones de paz en todos los conflictos internacionales. Esto incluye cortar el envío de armas a Ucrania, Israel o cualquier potencia agresora, así como romper relaciones diplomáticas con estados genocidas.
4. Denunciar el Convenio de Defensa de 1989 con Estados Unidos y cesar toda actividad bélica en las bases estadounidenses en España, que representan una violación de la soberanía popular y una amenaza constante a nuestra seguridad.
5. Revertir el aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB, que actualmente supone más de 10.000 millones de euros anuales. Ese dinero debe emplearse en sanidad, educación, pensiones, vivienda y atención a la dependencia, no en engordar los beneficios de las industrias armamentísticas.
6. Derogación inmediata de la Ley Mordaza, instrumento represivo que criminaliza la protesta social y protege los intereses de los poderosos. Esta ley debe ser sustituida por una legislación que proteja las libertades democráticas y sancione de verdad al fascismo y la violencia institucional.
7. Derogación completa de la reforma laboral del PP de 2012, recuperando el Estatuto de los Trabajadores anterior, con incorporación de las mejoras alcanzadas desde entonces. La precariedad laboral es otra forma de violencia contra el pueblo.
8. Endurecimiento de las penas por corrupción, incluyendo la tipificación del delito de corrupción pública como tal. No puede haber justicia sin castigo ejemplar a quienes roban lo que es de todos.
9. Ruptura total de relaciones con el estado sionista de Israel, responsable de crímenes atroces contra el pueblo palestino. La solidaridad internacionalista exige una postura clara y firme contra el genocidio.
10. Establecimiento de relaciones comerciales abiertas con todos los países del mundo, excepto Israel, y promoción de una política exterior basada en el respeto a la soberanía de los pueblos. Apostar por un mundo multipolar y por el acercamiento a los BRICS, que representan hoy más de la mitad de la población mundial y cuyo peso económico supera ya al del bloque occidental, es una necesidad urgente.
Este programa, lejos de ser utópico, es una respuesta coherente al clamor popular que rechaza el rearme. Más de un 42% de la población ya se posiciona en contra. Esa cifra, con el avance de la crisis económica y la evidencia del servilismo de los gobiernos europeos al imperialismo estadounidense, no hará más que crecer. Pero esa mayoría silenciosa debe convertirse en mayoría activa.
Es momento de abandonar el sectarismo, la dispersión y la inercia. De unir fuerzas en torno a un proyecto común, claramente antioligárquico, pacifista y de clase. La paz no es solo la ausencia de guerra: es justicia social, trabajo digno, sanidad pública, educación gratuita y vivienda para todas y todos. Es soberanía popular frente al imperialismo. Es dignidad frente al miedo.
La historia nos enseña que cuando el pueblo se organiza y se levanta, puede frenar incluso a los ejércitos más poderosos. Hoy, más que nunca, urge construir un amplio frente social contra el rearme y por la paz. Un frente que conecte todas las luchas y que esté dispuesto a hacer del rechazo al militarismo una bandera de lucha concreta, un programa compartido y una fuerza imparable.
