La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II ha presentado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) una serie de alegaciones al borrador del cuarto ciclo del Plan Hidrológico del Guadiana (2028-2033), en las que denuncia la ineficacia de las actuales restricciones al regadío y reclama una evaluación más rigurosa del impacto socioeconómico de las medidas propuestas.
En el documento entregado, CUAS solicita a la Administración “replantearse las medidas de gestión impuestas a las masas de agua subterráneas del Alto Guadiana por su falta de efectividad”, ya que, según argumentan, “pese a reducirse drásticamente las dotaciones de riego, año tras año, y suponer ya en sí mismas un recorte de más del 60% en cultivos herbáceos y más de un 36% en leñosos en relación a las dotaciones inscritas en los títulos habilitantes, no se consigue mejorar el estado global de las masas”.
Critican que estas políticas han derivado en una situación de “inseguridad jurídica y económica” para muchos regantes, mientras que los acuíferos siguen sin recuperarse de forma significativa. Por ello, consideran que “la reducción continua de las dotaciones no es la clave en materia de gestión de recursos”, al igual que tampoco lo son “las prohibiciones de ampliación de superficie sin superar el volumen previamente autorizado, ni denegar por sistema todo tipo de modificaciones en determinadas áreas”.
Falta de sensibilidad hacia el impacto en el medio rural
Uno de los ejes de la alegación de CUAS Mancha Occidental II es la escasa atención que, a su juicio, se da en el Plan a las consecuencias sociales y económicas del recorte de derechos de agua. Reclaman una “evaluación socioeconómica específica” de los escenarios de extracción previstos y la puesta en marcha de “programas de resiliencia económica ante reducción de concesiones”, en especial para pequeñas y medianas explotaciones.
“La actividad agraria en Mancha Occidental II depende casi exclusivamente del regadío”, advierten, y alertan de que las restricciones ponen en riesgo la viabilidad de cientos de explotaciones familiares, muchas de ellas modernizadas en los últimos años. Añaden que no se ha tenido en cuenta el efecto sobre el empleo rural, la despoblación o la cadena agroalimentaria, ni se proponen medidas compensatorias proporcionadas.
Por ello, instan a incluir en el Esquema de Temas Importantes un eje específico dedicado al mantenimiento del regadío sostenible como motor del desarrollo rural. También piden que el futuro Programa de Medidas contemple incentivos a la modernización, alternativas hídricas como la reutilización y recarga de acuíferos, y medidas agroambientales compatibles con el uso racional del agua.
Una masa con regadíos de alto valor añadido
La masa de agua Mancha Occidental II abastece directamente a más de 90.000 hectáreas de regadío en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, con cultivos de alto valor añadido como hortalizas, viñedo o leñosos. Esta zona presenta escasa diversificación económica y sus municipios sufren envejecimiento y pérdida de servicios, por lo que, según la CUAS, “la agricultura de regadío representa una actividad estratégica para el mantenimiento poblacional y económico”.
En sus alegaciones, cuestionan además la transparencia y la participación en la elaboración del plan, señalando que el volumen de extracción autorizado (172,11 hm³/año) se ha calculado “con base en modelos cuya documentación técnica no se encuentra completamente accesible al público” y sin una “participación efectiva de usuarios de agua en el ajuste de parámetros”.
Compatibilidad con los humedales
CUAS Mancha Occidental II también subraya la necesidad de compatibilizar la recuperación ambiental con la viabilidad agraria. En concreto, plantean que los planes de conservación de los humedales de la Mancha Húmeda deberían integrarse con los de sostenibilidad del regadío. Proponen medidas de gestión conjunta como “periodos alternantes de extracción, recarga artificial o bancos de agua entre usos ambientales y agrícolas”.
Asimismo, denuncian la ausencia de cualquier referencia al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) en este primer trámite de información pública, “pese a los reiterados anuncios del Gobierno de España”.
