El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado en la reunión del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles un acuerdo para elaborar un Plan Marco de Actuación ante Situaciones de Insuficiencia de Suministros Esenciales, que fortalezca la resiliencia del sistema sanitario ante futuras contingencias.
En virtud de este acuerdo se va a crear un grupo de trabajo, coordinado por Sanidad, para elaborar un plan ante cortes masivos de suministros esenciales, como el apagón eléctrico de día 28 de abril que, según reconoce el ministerio, «evidenció la necesidad de reforzar el sistema sanitario ante fallos en infraestructuras críticas, porque si bien los hospitales contaban con generadores de emergencia y pudieron funcionar con relativa normalidad, otros ámbitos asistenciales, como centros de salud, farmacias o residencias, se vieron más afectados».
Sanidad resalta que «el plan protocolos más eficaces promoverá el aprendizaje compartido y garantizará estándares mínimos de contingencia en todo el país, fortaleciendo así la capacidad del Sistema Nacional de Salud frente a emergencias». Y tendrá especial incidencia en coordinación de territorios y sectores; garantizar la que la incidencia no interfiera en la asistencia y proteger a los pacientes especialmente vulnerables en estas situaciones, como sucedió en el apagón con los electrodependientes.
Así, los objetivos de este grupo de trabajo serán:
1. Mejorar la coordinación interterritorial e intersectorial en la respuesta a emergencias. Para ellos se establecerán canales de comunicación «sólidos y listos para ser utilizados en cualquier momento» entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que permitan lanzar alertas predefinidas en función de umbrales de riesgo compartidos y paliar de forma ordenada las situaciones de desabastecimiento.
Asimismo, se crearán procedimientos de cooperación con otros sectores clave (operadores eléctricos y de telecomunicaciones, empresas de abastecimiento de agua y de gasoil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil y emergencias, departamento de seguridad nacional etc), para que el sector sanitario esté plenamente integrado en los mecanismos de respuesta nacional a emergencias, y con apoyo mutuo entre regiones y niveles administrativos cuando sea necesario.
2. Garantizar la continuidad asistencial durante interrupciones de suministros esenciales, para minimizar el impacto en la salud de la población y en la calidad de la atención sanitaria. Concretamente, se trata de asegurar que hospitales, centros de salud y otros servicios críticos puedan seguir lo más operativos posible ante estas situaciones.
3. Proteger a los pacientes especialmente vulnerables a la falta de suministros. En particular, el plan pondrá énfasis en medidas para pacientes electrodependientes (que requieren dispositivos eléctricos o respiración asistida domiciliaria), personas con discapacidad y de edad avanzada y otras casuísticas que se identifiquen, en la conservación de medicamentos esenciales (por ejemplo vacunas, insulina, etc) que requieren refrigeración, y en la continuidad de los sistemas de información y comunicación sanitarios involucrados en funciones críticas, como la atención de urgencias y la cadena terapéutica.
MARCO COMÚN NACIONAL
4. Fortalecer la resiliencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente a emergencias, mediante la preparación anticipada de recursos técnicos, humanos, formativos y organizativos.
5. Desarrollar un marco común nacional de actuación, protocolos y guías técnicas de forma coordinada, que sirvan de referencia para que cada comunidad autónoma elabore, revise o actualice sus planes de contingencia locales y los de sus centros.
Este marco definirá umbrales, procedimientos claros y roles y responsabilidades de cada nivel (nacional, autonómico y local) ante fallos en suministros críticos, respetando el reparto competencial y estableciendo unos mínimos niveles de contingencia para todo el SNS, partiendo de lo ya existente en las comunidades autónomas, mediante aprendizaje cruzado.
El cronograma de trabajo propuesto comienza en mayo de 2025 y finaliza en junio de 2027, con un hito principal de entrega de la versión definitiva del Plan de contingencia en junio de 2026. Los doce meses siguientes se dedicarían a la implantación efectiva y coordinada de las medidas propuestas y a su seguimiento.
