La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles a dos empleados del Registro de la Propiedad de Manzanares, que modificaron registros y alteraron la contabilidad, como presuntos autores de un delito de apropiación indebida, por el que el fiscal pide que sean condenados a cuatro años de prisión.
Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso EFE, los dos acusados -que son matrimonio-, cometieron el supuesto delito entre los años 2011 y 2017 en los que trabajaron como empleados de confianza en el Registro de la Propiedad de Manzanares.
El acusado tenía encomendadas las tareas de contabilidad, de control de la caja en efectivo y de arqueos de caja diarios, mientras que su mujer se encargaba de la atención al público, así como de la recogida de abonos que efectuaban los clientes del Registro de la Propiedad, bien mediante cheque o en efectivo.
El fiscal mantiene que actuando de común acuerdo, en ejecución de un plan preconcebido, y con ánimo de lograr un beneficio patrimonial ilícito procedieron a alterar y modificar en días y ocasiones diversos registros correspondientes al borrador, con anotaciones de cuantías inferiores a facturas expedidas y registradas en los soportes informáticos a los que tenían acceso
Después procedían al borrado del cobro, originando diferencias entre lo abonados por clientes y lo registrado en dichos soportes informáticos.
También alteraron la contabilidad manteniendo como pendientes de cobro facturas que habían sido ya abonadas, y no liquidadas por la registradora de la Propiedad, o realizando alteraciones y modificaciones de abonos efectuados por clientes sin anotar la anulación de facturas por devolución al cliente, ni registrar la salida de fondos, ni la devolución al cliente de los importes de que se trataba, entre otras operaciones.
Con estos métodos, los procesados causaron unos perjuicios a la registradora valorados en su totalidad en 208.469,57 euros, aunque reclama únicamente 16.269 euros al haberle sido pagado el resto por parte de su aseguradora Generali España S.A., que a su vez reclama la cantidad que ha abonado.
Para el ministerio público, los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida por lo que procede imponer a cada uno de los dos acusados la pena de cuatro años de prisión y diez meses de multa con cuota diaria de 20 euros.
En materia de responsabilidad civil, el fiscal piden que abonen conjunta y solidariamente 16.269 euro a la registradora por los perjuicios ocasionados, y a la aseguradora con un importe de 192.900 euros, más los intereses legales.
