El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno este martes a la firma del convenio sobre el nivel acordado en el ámbito de la dependencia para 2025, entre la Administración General del Estado y el Ejecutivo regional, que contempla 80 millones de euros, a repartir al 50 por ciento -40 millones- entre cada administración.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa tras la reunión la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha señalado que el expediente aprobado es «muy importante» pues «viene a recuperar la dignidad de las políticas sociales en dependencia que en su momento, en el 2012, el Gobierno del Partido Popular decidió recortar» eliminando ese nivel acordado.
Un nivel acordado que, como ha detallado, se recuperó en el 2021 con una financiación de 32 millones de euros -16 millones de euros por cada administración- y en el 2025 se va a firmar por un poco más de 80 millones de euros, «lo que significa un incremento importante, sustancial».
El convenio contempla varios ejes principales, uno de los cuales se refiere a las listas de espera y a cómo ir reduciéndolas. «Estamos ahora mismo en 169 días de resolución» de expedientes y «queremos seguir trabajando en esta tarea», mientras que otro de ellos es la calidad de los servicios y la posibilidad de dar una mayor cobertura a los ciudadanos.
Atenderá a 80.000 personas que están en Castilla-La Mancha situación de dependencia y da respuesta a más de 100.000 prestaciones que se están llevando a cabo, «beneficiando directamente a los servicios, a los apoyos, a la atención que se le da a ciudadanía cuando entra en ese estado de dependencia».
«No solamente hablamos de cifras, no solamente hablamos de la importancia del convenio sino que hablamos de vidas reales, hablamos de personas», ha detallado Bárbara García Torijano, quien, no obstante, ha reseñado que pese a ser una «importante» cantidad presupuestaria «no es suficiente».
En este punto, ha reconocido que aunque el Estado ha incrementado el nivel mínimo y ha restablecido el nivel acordado, a día de hoy lo que pone en materia de dependencia «es un 26 %» y el resto es financiación autonómica, demandando en este punto la «financiación necesaria para que las comunidades autónomas podamos seguir reforzando estas prestaciones».
En concreto, ha dicho, son casi 650 millones de euros lo que se ha destinado en la región a dependencia en 2025 y de ellos «tan solo 167» se estima que llegarán por parte de la Administración General del Estado.
Ha desgranado la consejera que en la financiación de la dependencia hay un nivel mínimo –marcado por el número de prestaciones de personas con dependencia que tiene cada comunidad autónoma–, donde el Estado fija una cantidad mínima por dependiente de grado 1, grado 2 y grado 3, concepto por el cual se prevé una aportación a la región de 127 millones de euros.
De otra parte, hay un nivel acordado, que es lo que el Estado marca como una corresponsabilidad -los 40 millones del convenio aprobado este martes-, y que sumado al nivel mínimo da 167 millones de euros. El problema es que Castilla-La Mancha destina a la dependencia 649 millones de euros, siendo esa diferencia la «deuda acumulada» que la región reclama históricamente.
REVISIÓN DE BAREMOS
Preguntada por las valoraciones de la discapacidad, la consejera ha detallado que el Ministerio se ha comprometido a revisar el baremo establecido actualmente. Según ha detallado, ahora el margen de reducción de lista de espera está incluido en los baremos como un requisito por el cual se recibe más presupuesto, pero Castilla-La Mancha tiene un nivel «muy notable» de reducción y, sin embargo, se ve penalizada en este aspecto.
En el Ministerio, ha confirmado, «lo van a revisar porque les parece también injusto» a fin de que las regiones que, como Castilla-La Mancha, tiene «poco margen de hacerlo mejor, por lo menos no se nos penalice reduciendo el presupuesto del nivel acordado para poder reforzar a otras comunidades autónomas que están en peor situación» pues ello «supondrá volver a un retroceso y si tienes menos financiación volver otra vez a tener que incrementar esas listas de espera».
El asunto se va llevar el asunto al Consejo Territorial «para poder marcar otros criterios de evaluación y de distribución del presupuesto, para que precisamente a estas comunidades de auto estamos haciéndolo bien, no nos penalice presupuestariamente», ha adelantado.
También hay otro baremo en las valoraciones de la discapacidad desde hace años que «es muy exacto, muy perfeccionista» pero que para poderlo pasar «tiene unos trámites muy complejos, con unas figuras profesionales imprescindibles como son los médicos», que lo que hace es complicar las valoraciones en todas las comunidades autónomas pues «se dilatan mucho los tiempos de valoración para los ciudadanos».
Esto se le hizo saber al Ministerio, para que estudiara «fórmulas o maneras de poder reducir este proceso de valoración tan complejo que complica muchísimo tanto a los profesionales como a los ciudadanos el poder tener su valoración de discapacidad», comprometiéndose a hacer un estudio de la situación. Dos años después el estudio está «prácticamente terminado» y se está a la espera de conocer sus resultados y ver «qué es lo que se puede hacer para agilizar estos tiempos», ha concluido Bárbara García Torijano.
