La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha considerado como «urgente y prioritario» que el Consejo de Ministros aborde y apruebe para los empleados públicos la subida salarial pendiente del 0,5 % adicional para el año 2024 comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
En declaraciones a los medios en Toledo junto a la secretaria regional de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy, previas al II Congreso de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, han lamentado que los empleados y empleadas públicas tienen congelado el salario, sin saber qué subida salarial se producirá en este 2025.
Piden una «subida salarial plurianual» para los empleados públicos, sin que el hecho de que haya Presupuestos Generales del Estado influya en esta medida.
Araque ha abogado por mejorar el acceso a la administración pública, que «es anacrónico» con procesos que «duran más de tres años», a la misma vez se habla de beneficios de los sistemas de digitalización «por la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas».
Además, ha mencionado que «todos aquellos servicios públicos que se están gestionando de forma indirecta por la vía privada tienen una losa que se llama Ley de Contratos del Sector Público y Ley de Desindexación», poniendo como ejemplo la problemática del transporte sanitario en Castilla-La Mancha.
Finalmente, ha considerado «fundamental» que se negocie una ley básica estatal de servicios sociales para dar protección a los trabajadores y trabajadoras, porque el 90 por ciento son «mujeres», y reforzando sus condiciones en ámbitos como la dependencia, la ayuda a domicilio o los centros que recepcionan migrantes. En este punto, ha recordado que se están produciendo agresiones en este ámbito, como la reciente muerte de una educadora en Badajoz.
UGT ya tiene fijada su propuesta de legislación en servicios sociales, que desde el Gobierno consideran necesaria, pero por el momento no se ha iniciado el proceso para elaborarla.
«Somos conscientes de que una ley básica de este calado no es una ley que se pueda negociar en tres días», ha afirmado la representante estatal de servicios públicos del sindicato.
