La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado este viernes «la situación «dramática» que vive el campo castellanomanchego» en plena campaña de vendimia.
Así lo ha advertido en declaraciones a los medios en Corral de Almaguer (Toledo), donde el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha mantenido un encuentro con alcaldes y portavoces del PP de la zona de La Mancha, señalando que «la economía vitivinícola de nuestra tierra está en peligro por la falta de mano de obra y el hostigamiento a los agricultores por parte de las administraciones socialistas»
«Miles de kilos de uva corren peligro porque no hay cuadrillas para recoger la cosecha. Y, lejos de ayudar, la Delegación del Gobierno envía inspecciones masivas y desproporcionadas, persiguiendo a los agricultores como si fueran delincuentes», ha afirmado.
Agudo ha censurado que el Gobierno de Emiliano García-Page no está. «Ni está ni se le espera. No exige soluciones a Madrid ni ofrece alternativas para garantizar la campaña. Los agricultores necesitan apoyo, no intimidación».
INICIATIVA EN LAS CORTES
La secretaria general del PP-CLM ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular llevará esta situación a las Cortes regionales.
«Con Paco Núñez al frente, vamos a exigir respuestas inmediatas. Defenderemos siempre a las miles de familias que sostienen con su esfuerzo el campo de Castilla-La Mancha y la despensa de todos los castellanomanchegos», ha dicho.
Por su parte, el vicepresidente de las Cortes regionales, Santiago Lucas-Torres, ha aseverado que «el campo no aguanta más» y que sufre una burocracia exacerbada.
«El campo tiene problemas de agua, de la PAC, de los conejos, de un plan de nitritos que quiere imponer la Junta. Pero ahora, además, en plena recolección, cuando la uva se pudre en las viñas, la Delegación del Gobierno manda inspecciones desproporcionadas, sin miramientos hacia nuestros agricultores, como si fuéramos la ‘kale borroka’ manchega», ha destacado.
Lucas-Torres ha recordado que hay ley suficiente para regularizar contratos temporales, como establece el Real Decreto 1155/2024, por lo que, en lugar de amedrentar a las familias del campo, el Gobierno «debería facilitar estas regularizaciones y aportar soluciones reales».
De su lado, el alcalde de Miguel Esteban, Marcelino Casas, también ha tomado la palabra en representación de los regidores de la comarca.
«Los agricultores no son delincuentes ni ladrones; son trabajadores honrados que, con sus manos, maquinaria e infraestructuras, sostienen nuestras cooperativas y economías locales. A costes de 2025 siguen cobrando precios de los años 90 y si a eso le sumamos una persecución sistemática en plena vendimia, vamos a acabar con el campo por burocracia, conejos o desidia».
El alcalde ha incidido en que estos agricultores «nos dieron de comer durante la pandemia y mantuvieron el suministro pese a la guerra de Ucrania y la inflación, pero ya no quieren más aplausos de las capitales, quieren precios justos y apoyo real».
«Lo que venimos a denunciar es la persecución. Los agricultores cumplen, dan de alta a sus trabajadores y cumplen la prevención de riesgos laborales. Lo que piden es respeto y soluciones, no más trabas», ha concluido.
