El Gobierno de Castilla-La Mancha reivindica su apuesta por garantizar servicios públicos en las zonas rurales para que el servicio a sus vecinos se ofrezca en condiciones de igualdad con respecto del medio urbano.
Así lo ha señalado el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, que ha recorrido este martes la localidad conquense de Arcos de la Sierra, en la provincia de Cuenca, donde ha visitado las mejoras en instalaciones municipales acometidas con fondos del Gobierno regional en este municipio de menos de cien habitantes.
Junto al alcalde del municipio, Jaime Pozuelo, y al delegado del Reto Demográfico en la provincia, Virgilio Antón, ha recordado que la Ley de Medidas contra la Despoblación, y la Estrategia, blindan los servicios públicos para las zonas despobladas y ha señalado que, a lo largo de estos últimos años ,la apuesta del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha sido la blindar el servicio sanitario a todos los rincones de la región, también a las zonas afectadas por despoblación, cifrando en 1.108 los consultorios locales que hay en el territorio autonómico, de los que 244 están la provincia de Cuenca, asegurando una asistencia sanitaria cercana para los vecinos de los municipios más pequeños.
Precisamente, uno de estos 244 consultorios de la provincia de Cuenca es el de Arcos de la Sierra, en el que Jesús Alique ha revisado las mejoras llevadas a cabo en virtud al convenio entre el Gobierno regional y la Diputación de Cuenca, ha informado la Junta en nota de prensa.
Una atención sanitaria cercana al medio rural que se apuntala con un total de 88 nuevos botiquines en otros tantos núcleos de población de 69 municipios que se han sumado a la red con la que hasta este año contaba la región, compuesta por 203 botiquines ya existentes en zonas poco pobladas, completando la asistencia de las 458 farmacias en zonas rurales afectadas por la despoblación.
«Esta es una de las señas de identidad de Castilla-La Mancha en la lucha contra la despoblación», ha dicho el comisionado del Reto Demográfico, que ha recordado que este acceso a los servicios públicos, también a la educación y los servicios sociales, así como al transporte de calidad, «han sumado a 15.000 personas de saldo migratorio positivo en zonas rurales desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas contra la Despoblación, en el año 2021».
