La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha cargado contra la carta remitida por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia junto con SCRATS al Ministerio para la Transición Ecológica en la que exigen frenar el «recorte» del trasvase Tajo-Segura, asegurando con contundencia que se trata de una misiva «indignante y que atenta contra la inteligencia de cualquier ciudadanos».
En declaraciones a los medios desde Azuqueca de Henares, Gómez ha apuntado que en esa carta «lo que están pidiendo es que el Ministerio cometa una ilegalidad». «Están pidiendo que no cumpla el mandato que tiene del Real Decreto en el que se aprobaron todos los planes de las Confederaciones Hidrográficas de España incluida evidentemente la del Tajo y la del Segura», ha avisado.
En este contexto, ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha «no va a consentir que esta situación se siga dando en el tiempo y, por supuesto, seguirá trabajando con el Estado».
En un momento en el que quedan pendientes de trasvasar 132 hectómetros cúbicos, ha calculado que este trimestre va a acabar discurriendo por el trasvase más agua que en todo un año hidrológico.
También ha apuntado a la desalación, ya que el Levante «puede obtener recursos para el regadío» por esa vía, algo «más sostenible e inteligente».
Lo que toca ahora es «cambiar las reglas de explotación del trasvase y cumplir lo pactado» desde con el Gobierno del Estado. Una aprobación que «va con retraso» pero que «ya tenían que haberse modificado».
Entiende la consejera que si no se ha conseguido todavía este extremo es porque el Gobierno de España «tiene muchas presiones» del «lobby de la agricultura y de la industria agroalimentaria del Levante español», que tiene «mucha potencia» porque el agua del trasvase «le resulta mucho más barata por las subvenciones que reciben precisamente para el uso de la misma».
