La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, ha asegurado este lunes que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma «pueden estar convencidos y tener confianza en los tribunales de este territorio», de los que ha destacado su «dignidad» y «su dedicación, su independencia e imparcialidad».
Ha sido durante el acto que ha dado inicio al Año Judicial en el TSJCM, al que ha asistido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación, Santi Cabañero; y el alcalde, Manuel Serrano, entre otras muchas autoridades.
Astray, tras repasar las cifras, necesidades y el «gran esfuerzo resolutivo» de los jueces y magistrados de la región, ha indicado que esa labor se ha hecho «con dedicación e independencia», pues estos profesionales ponen su «talento y mejor dedicación» en la mejora de este servicio.
Consciente de que las resoluciones que emiten «están sometidas a críticas», ha pedido «no perder nunca de vista» que «se lastran los cimientos de las instituciones» cuando la independencia «se pone en duda» con «etiquetas sesgadas o instrumentalizadas y al servicio de los intereses de un debate cada vez más polarizado».
Al margen de esas reflexiones, ha destacado cómo pese a que los jueces y fiscales han realizado «un mayor esfuerzo resolutivo» durante el 2024, el incremento de las resoluciones «no ha sido capaz de reducir el número de asuntos pendientes, debido al desafío que ha impuesto la creciente litigiosidad».
Los jueces de la región emitieron en 2024 unas 3,2 resoluciones diarias y se dictaron más de 69.500 sentencias y 123.000 autos. En el ámbito civil, hubo un «notorio» incremento de la carga de trabajo; en el penal hubo 123.702 asuntos, un 15 % mas, mientras que la de social fue la jurisdicción con mayor incremento de asuntos, con un 34,5 % más, creciendo «notoriamente» la litigiosidad en todas las capitales de provincia.
Una vez hecho el repaso a los datos, Astray ha asegurado que son «necesarias» reformas, ha reclamado un aumento de la planta de jueces y magistrados y ha confiando en que la modernización de las infraestructuras pueda ser abarcada, consciente de que en algunos casos como el de Illescas la situación puede llegar a afectar de forma grave a la prestación del servicio.
«Pido el compromiso de todas las administraciones para que los castellanomanchegos puedan tener la justicia que se merecen», ha reclamado, asegurando que frente a las «dudas y temores» de los nuevos cambios que afronta la justicia hay que estar «convencidos de que en Castilla-La Mancha lo haremos lo mejor posible».
HERRAMIENTAS «MODERNAS»
Previamente, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, quien también ha reclamado el «máximo respeto» a la función que realizan los fiscales, a su trabajo y al de «todos los fiscales a nivel nacional», ha reclamado «herramientas modernas» que estén «a la altura del siglo XXI» para que el Ministerio Fiscal pueda seguir avanzado en todo lo que se refiere a los sistemas de gestión procesal, pues «no tiene mucho sentido» que las aplicaciones informáticas de las comunidades autónomas «sean diferentes e incompatibles» entre ellas.
También ha visto necesario cambiar el propio modelo procesal de investigación, que data de una época de cuando aún «no se había inventado el automóvil, el teléfono o la máquina de escribir», y más cuanto todos los países del entorno tienen un modelo acusatorio que instruye el Ministerio Fiscal mientras que la autoridad judicial supervisa los derechos del investigado.
«El camino hacia esa ruta es inevitable, porque si no perdemos el tren de la modernidad, que casi se nos ha ido», ha precisado Fernández, que ha remarcado que la Fiscalía «es una institución cuya fortaleza es la propia del estado de derecho y es preciso proteger». De ahí que, a su juicio, haya «llegado el momento de cambiar ese sistema procesal porque la justicia será mejor», convencido de que «estamos absolutamente preparados para asumir el reto que supone esa investigación».
Dicho esto, ha subrayado el trabajo de los fiscales de la región, un total de 89, así como el de los 88 funcionarios que prestan servicio en las oficinas fiscales de la Comunidad Autónoma, reclamando en este punto tanto el incremento de las plazas de fiscales como el de las de funcionarios, «estancadas más tiempo del que sería deseable», ha especificado.
PORCENTAJE ALTO DE JUICIOS SUSPENDIDOS
Fernández ha repasado el trabajo de los órganos judiciales y fiscales en 2024, donde en todos los aspectos se registran «incrementos importantes», como en el caso de las diligencias previas, que aumentaron un 2,5 % respecto al año anterior, sobrepasando las 62.000, la mayoría de ellas por delitos contra la vida y la integridad corporal y contra el patrimonio, quedando pendientes al acabar el año un total de 42.000 diligencias.
Los fiscales de la región asistieron a casi 15.000 juicios, un 37 % más que en 2023, celebrándose en la Comunidad Autónoma en su conjunto casi 4.000 juicios más que en 2023. En este punto, ha criticado que el porcentaje global de juicios suspendidos fue del 35 % -en algunas provincias llegó al 45 %-, siendo esta una cifra «difícilmente asumible». Ello, junto con la dilación en la resolución de litigios, «no contribuye a que los ciudadanos confíen en la administración de justicia y hay que «tender a que se reduzca», ha sugerido.
Por tipos de delitos, ha lamentado que los relacionados con la violencia de género «tristemente» no disminuyen, que las mujeres fallecidas por violencia de género llegaron a cinco el pasado año, y que se dan «manifestaciones de violencia extrema» como la violencia hacia los hijos, defendiendo aquí la especialización judicial, y adelantando que «en próximas fechas se pondrá en funcionamiento» un juzgado exclusivo en Ciudad Real.
El cibercrimen ha crecido en la región un 35 % en los últimos cuatro años, siendo el 90 % de los delitos estafas de todo tipo, aunque los que registran el «incremento progresivo porcentual más grave» son los relativos a menores captados por redes de alguna u otra manera para la difusión de abuso sexual en línea.
Otro «ejemplo grave» en este tipo de delitos fue el ataque a la Plataforma de Educación de la Junta, ocurrido en 2023 y en el que «se sigue trabajando todavía», ha añadido.
Los delitos contra la libertad sexual han crecido un 39 % en los tres últimos años, «lo que hace idea de la magnitud de este problema», reseñando cómo de los 131 procedimientos por delitos muy graves que hubo en la región el pasado año, el 71 % (93) fueron contra la libertad sexual de menores de edad, punto en el que ha pedido «reflexionar» sobre el tema.
Respecto al tráfico de drogas, y no siendo «la modalidad delictiva más preocupante» de la región, sí ha destacado que en las provincias de Guadalajara y Toledo existe una «actividad relevante de organizaciones criminales relacionadas con este tema».
Finalmente, se ha referido a la preocupación existente tanto a nivel nacional como en la región por la situación de los menores y las redes sociales; y en lo que respecta a la siniestralidad laboral, recodando que la región cerró 2024 con 58 trabajadores fallecidos y que solo en agosto de 2025 hubo hasta seis fallecidos por este motivo solo en la provincia de Albacete.
El acto ha comenzado con la toma de posesión de Francisco Antonio Bellón como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCM, quien ha agradecido la confianza depositada en él por su nombramiento. «No escatimaré esfuerzos para estar a la altura», ha subrayado. María Pilar Astray le ha dado la enhorabuena «por lo que eres, por lo que sé que seguirás siendo, un gran profesional».
