La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza la prórroga del acuerdo sobre la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha, rubricado este miércoles entre la Consejería de Educación, UGT, CCOO y Anpe.
CSIF señala en nota de prensa que este nuevo acuerdo, que reedita el firmado en 2023, «mantiene los recortes que sufre la educación pública de Castilla-La Mancha (interinos, ratios, horario lectivo, burocracia, inclusión educativa) y solo aborda mejoras de cara a la próxima legislatura a partir de 2027».
«Nos encontramos con una nueva foto que sólo sirve para ocultar la triste realidad que padecen nuestros docentes y que afecta tanto al alumnado como a las familias, una realidad que se basa en aulas con un número elevado de alumnos, falta de medios para abordar una verdadera inclusión educativa, problemas de conflictividad y unos maestros y profesores totalmente sobrepasados. Este acuerdo es un brindis al sol porque no cambia absolutamente nada», señala el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.
Así, añade que este acuerdo finaliza a 31 de agosto de 2028, un año después de que finalice la presente legislatura, «una fecha que lo dice todo, son mejoras a futuro. Quizás en 2028 vuelvan a firmar un nuevo acuerdo y protagonicen una nueva foto para fijar mejoras a concretar en 2032, todo es posible», concluye Martínez.
En concreto, afirma que continúa sin recuperarse el pago del verano a los interinos con 5 meses y medio de contrato; no hay medidas efectivas para reducir una burocracia que «ahoga» al profesorado; la bajada a 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias sólo se plantea para el curso 2026-2027 siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria; las ratios en ESO y Bachillerato, donde se producen más problemas de convivencia, no bajan (la reducción de ratios en Infantil y Primaria recogida en el acuerdo responde a un descenso de la natalidad, no a una verdadera apuesta por la educación pública); no se aborda la inclusión educativa (faltan orientadores, especialistas en Pedagogía, Audición y Lenguaje, así como auxiliares técnicos educativos).
