Las comunidades autónomas deben cumplir unas directrices y criterios comunes en los planes anuales autonómicos de prevención de incendios, tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que lo determina y que entrará en vigor mañana, después de ser aprobado el texto en el último Consejo de Ministros.
Se trata del Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
Se trata de un instrumento previsto en la Ley de Montes que, tras la reforma introducida en 2022, obliga a reforzar la planificación y la coordinación frente al avance de los grandes incendios.
El texto fija un marco común para las comunidades autónomas, que deberán elaborar sus planes anuales de actuación teniendo en cuenta una serie de criterios.
El objetivo es mejorar la eficacia de las labores de prevención y asegurar una respuesta más homogénea en todo el territorio, con especial atención a los escenarios de riesgo creciente derivados del cambio climático.
El Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), órgano especializado de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, analizará las directrices aprobadas para proponer mejoras técnicas y recomendar actuaciones adicionales que fortalezcan la planificación en materia de vigilancia, prevención y extinción.
Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar hacia un sistema de prevención y respuesta más robusto y coordinado en la lucha contra los incendios forestales, un problema cada vez más frecuente y virulento especialmente en España dada su posición geográfica.
«Los planes anuales representan el marco más adecuado para programar las tareas de prevención de forma estructurada. Asimismo, son un instrumento que debe respetar las normas sectoriales de carácter laboral, velando por atajar la precariedad y por condiciones de trabajo adecuadas para el personal de prevención, vigilancia y extinción», según la norma.
El real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
