La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, considera «lícito» que el Gobierno de Murcia presente, este martes, en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley, que defenderá su presidente regional Fernando López Miras, para mantener el trasvase Tajo-Segura, pero ve «curioso» que una propuesta del año 2023 se active justo ahora y se pregunta por qué no lo han propuesto antes si ya lo tenían aprobado.
«Han elegido justo este momento porque saben que se acaba de presentar por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura una posible modificación de las reglas de explotación; es una situación que va contra natura y además es una ilegalidad en el sentido de lo que dice», ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible en Sigüenza, donde ha acudido a firma un convenio.
«Nosotros no vamos a cejar en el empeño», ha dicho la titular de Desarrollo Sostenible a preguntas de los periodistas tras afirmar que en los próximos días va a salir la información pública de la propuesta de Real Decreto que ha puesto sobre la mesa el Ministerio que difiere a tres reales decretos estas modificaciones (una para 2025, otra para el 2026 y otra para el 2027), pero ha precisado que a la Junta de Comunidades no le gusta esta fórmula.
En este sentido, la consejera se ha referido al documento que se ha presentado y en el que dicen que a través del trasvase Tajo-Segura se está manteniendo vivo un paraje natural, en referencia al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y se ha preguntado dónde han visto eso.
Según ha dicho, salvo alguna «pequeña ocasión», hace ya años, en la que se trasvasaron 2 hectómetros cúbicos de agua porque se quemaron las turbas y se hizo para intentar sofocar un incendio, eso no es así.
Para la consejera, además existen varias sentencias judiciales que avalan los caudales ecológicos en el río Tajo y, se pregunta, además, por qué no se puede mantener todo el río, algo que considera «lícito».
«Estamos en descuento total», ha remarcado la consejera, recordando como, a día de hoy, con las reglas actuales de explotación del Trasvase no se pueden cumplir los caudales ecológicos y tras asegurar que, además, con la propuesta que se les pone encima de la mesa tampoco tienen claro que se vayan a cumplir.
De hecho, ha dicho que están esperando a que se les remita el informe técnico del Cedex que avala esta modificación de las reglas de explotación para poder comprobar si es verdad que se van a dar esas circunstancias.
Según Gómez, si bien sobre el papel hay una propuesta, hay que analizar «con rigor y con técnica» la misma para ver qué es lo que se necesita. «No con ideología y ni siquiera con el corazón», ha abundado Gómez, matizando que si los castellanomanchegos tuvieran que poner su corazón con respecto a lo que debería regir respecto al trasvase, este les pediría que no debería haber derivaciones ni siquiera para el abastecimiento de Murcia, Almería y Valencia.
Sin embargo, según Gómez, eso no lo ha dicho nunca el Gobierno de Castilla-La Mancha, que siempre ha defendido el agua para beber pero no «para que otros se enriquezcan y Castilla-La Mancha empobrezca». «En esa máxima estamos y en eso es en lo que seguiremos trabajando junto con el Gobierno de España para todos los ciudadanos de esta región y desde el punto de vista ambiental».
Para Gómez, de momento, las reglas actuales de explotación se han conseguido porque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aportado documentos técnicos suficientes que avalan que no se podían mantener los caudales del Tajo y los niveles de los embalses con las reglas que había hasta el 2025 y ha recordado la aprobación de algunas sentencias judiciales en las que se recogía que realmente se estaba causando un daño al río.
Al igual, la titular de Desarrollo Sostenible ha reconocido que el Gobierno de Castilla-La Mancha «no cejará en su empeño» en esta lucha, pero «demostrando las cosas» y teniendo en cuenta que la región castellanomanchega no tiene recursos externos dónde coger su agua frente a otras que tienen el mar a su disposición con desalinizadoras «pagadas por todos los españoles».
Una vez más, la consejera ha insistido en que debe subirse la línea marcada en los 400 hectómetros cúbicos «de no desembalse» y afirma que para ello hay que modificar las reglas de explotación, y una vez más ha exigido al Gobierno de España que se inicien ya los trámites para la modificación de la ley porque «vamos tarde».
