El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» —conocida comúnmente como zona catastrófica— para territorios de nueve comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha. La medida responde a un total de 26 emergencias registradas entre el 25 de marzo y el 22 de junio, incluyendo fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y accidentes industriales.
En el caso de Castilla-La Mancha, los sucesos que justifican esta declaración son los incendios forestales que se produjeron en los primeros días de junio en los municipios de La Puebla de Almoradiel y Menasalbas (Toledo) y Riópar (Albacete), así como el incendio del 16 de junio en la zona militar de Chinchilla, también en Albacete.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que “los daños ocasionados por estos sucesos hacen necesaria la intervención del Estado por el principio de solidaridad interterritorial, de forma complementaria a las actuaciones de las comunidades autónomas”.
Qué supone esta declaración para Castilla-La Mancha
La declaración permitirá a las zonas afectadas acceder a ayudas económicas directas gestionadas por el Ministerio del Interior. Estas incluyen compensaciones por daños personales y materiales, subvenciones para reparar infraestructuras públicas y apoyo a actividades industriales, comerciales y de servicios perjudicadas por los siniestros.
Además, se contemplan exenciones administrativas como la gratuidad en la expedición de duplicados del DNI o permisos de circulación, así como medidas fiscales y laborales a definir por otros ministerios implicados.
Entre las medidas destacadas también se incluyen posibles beneficios fiscales, ayudas a corporaciones locales y obras de emergencia en infraestructuras públicas dañadas, en función de las evaluaciones que realicen los distintos departamentos ministeriales.
Desde el Ministerio del Interior han remarcado que se trata de una respuesta “subsidiaria y complementaria” a la acción de las comunidades autónomas, que son las competentes en primera instancia en la gestión de estas emergencias.
Esta declaración llega en un contexto de creciente impacto climático y medioambiental en Castilla-La Mancha, donde la frecuencia de incendios forestales y episodios meteorológicos extremos ha ido en aumento en los últimos años. La previsión de nuevas olas de calor y el riesgo de incendios durante el verano hace prever que tanto las administraciones regionales como el Estado deberán seguir coordinando recursos para la prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.
