La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha hecho cálculos del número de plazas de jueces que faltarán una vez entre en vigor la tercera fase de aplicación de la ley de Eficiencia en el sector, apuntando a un total de 45 vacantes por cubrir a partir del próximo 1 de enero.
La falta de plantilla de jueces hace que la prestación de la justicia en Castilla-La Mancha se vea «perjudicada» a la hora de repartir recursos en un campo en el que «queda por hacer bastante».
Tras la implantación de la primera fase de la ley de Eficiencia a la que se está sometiendo el sector en este 2025, resta abordar la puesta en marcha de la tercera fase, tal y como ha recordado, añadiendo que las reformas «pueden tener eficacia o no».
Con todo, argumenta que esa eficiencia que busca la nueva legislación no podrá conseguirse si no hay más recursos, y una ley «que viene con cero presupuesto» hace «muy difícil» que se puedan cumplir los objetivos.
Tras reparar en que ya se ha informado de las objeciones planteadas desde el Alto Tribunal castcellanomanchego, ha incidido en que como jurista lo único que puede hacer es aplicar la ley aunque no esté de acuerdo con ella.
Eso sí, una vez culmine el 31 de diciembre la implantación de la tercera fase, la justicia de la región seguirá reclamando, al menos, 45 jueces más.
«De todas nuestras reclamaciones, el CGPJ ha entendido prioritarias un total de 10, y otras 5 imprescindibles, pero no prioritarias. Hemos pedido la reconsideración», ha afirmado la presidenta del TSJCM.
En este punto, ha dejado como reflexión la necesidad de que los poderes políticos tomen conciencia de que dotar de plazas de jueces a los juzgados, por ejemplo para solventar causas en ámbitos mercantil y laboral, puede ser «un aliciente a la inversión y al desarrollo económico».
«Para la población es mucho mejor mantener una estructura que resuelva los conflictos pronto», insiste, mostrándose en todo caso pesimista. «Ojalá se diera ese cambio, pero llevo más de 30 años en la carrera judicial y todavía no lo he visto».
Para Astray, conseguir más rapidez en la resolución de litigios puede también servir para dar más sensación de seguridad a la ciudadanía. «Que se ejecuten las penas con rapidez y celeridad también importa al ciudadano, pero también las relaciones laborales, si nos deben el salario, si tenemos que resolver un conflicto colectivo, o los procesos de familia. Es importante una justicia que no sea tardía».
«PUNTOS NEGROS» EN EDIFICIOS JUDICIALES
Las peticiones de Astray van más allá de la necesidad de ampliar la plantilla de jueves, y es que las infraestructuras judiciales en Castilla-La Mancha, también necesitan un impulso.
Tal y como relata, una vez conseguida la financiación para reformar los juzgados de Torrijos y con las mejoras en Illescas o Talavera también en marcha, restan algunos otros «puntos negros» que necesitan inversión.
Cita en este apartado, por ejemplo, la planta bajo cubierta del edificio de los juzgados de Toledo, «que se ha quedado pequeña» para las nuevas plazas, además de que la capital regional «está en constante crecimiento poblacional».
Una situación que se va resolviendo con alquileres puntuales y provisionales, estrategias que «son a la larga más costosas y menos útiles para que el servicio público se dé con más eficiencia».
El Instituto de Medicina Legal de Albacete es «otro punto negro» ya que se necesita «tener un edificio donde poder prestar servicios con dignidad», alto que «también es importante».
Para terminar, Astray también ha citado los avances en materia de digitalización, donde «queda mucho camino por recorrer»; a lo que ha sumado la necesidad de avanzar en materia de accesibilidad. «Nos queda implementar la IA en procesos de tramitación guiada, lo que haría todo más rápido», ha rematado la presidenta.
